El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo y aprobará el decreto antidesahucios antes de que acabe el año. Es decir, tendrá que hacerlo en el Consejo de Ministros del martes 22 de diciembre o bien, en el del 29 de diciembre. El País ha tenido acceso al borrador del decreto, avanzando algunos de los puntos de la medida.
Como novedad, la medida compensará a los grandes tenedores de vivienda, con más de 10 inmuebles, afectados por los desahucios. En concreto, estos propietarios podrán solicitar una compensación económica al Gobierno, en caso de que pasen tres meses sin que la Administración Pública ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad.
El decreto matiza que tendrán que demostrar perjuicio económico, por lo que excluyen a los propietarios con viviendas vacías. Fuentes de Unidas Podemos han revelado a Europa Press que no les ha agradado la compensación económica a los grandes tenedores pero que ha sido aceptada "para lograr que la medida saliese adelante y nadie se quede sin techo" durante el estado de alarma.
"En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado", precisan fuentes de la formación morada.
Prohibición hasta el fin del estado de alarma
El nuevo decreto prohibirá los desahucios para las familias vulnerables durante el estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo. El borrador matiza que no se realizarán lanzamientos para los más vulnerables hasta que las comunidades autónomas ofrezcan otra vivienda alternativa para su realojo.
Además, podrán acogerse todos los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler, no solo por la crisis del coronavirus, sino también por problemas económicos anteriores a la pandemia. Para certificar esta vulnerabilidad, serán los servicios sociales los encargados de realizar un informe.
En línea con el decreto antidesahucios se prevé que se apruebe la prohibición del corte de suministros básicos también a los consumidores más vulnerables, entre los que se encuentran la luz, agua o gas. Sin embargo, parece que no se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.