La propagación de la Covid-19 cambiado, sin lugar a dudas, nuestros hábitos de consumo y sociales e impactado en el modelo productivo del país. La forma de relacionarnos y de trabajar ha variado. En este nuevo escenario cabe preguntarse: ¿Está España preparada para este nuevo escenario?

La pandemia ha dejado de manifiesto que nuestro país no estaba preparado hasta ahora para teletrabajar. Algunos de los principales sindicatos han denunciado en los últimos meses que durante el periodo de teletrabajo los horarios de los empleados se han dilatado en el tiempo, es decir, que muchos trabajadores han extendido su jornada laboral hasta la extenuación y han realizado horas extras que no han sido abonadas. También se ha pasado por alto, aseguran, el derecho a la desconexión digital -regulado en nuestro país desde el año 2018- además de ser los propios empleados quienes han soportado y soportan los gastos derivados del trabajo a distancia.

Para abordar esta situación, que parece prolongarse en el tiempo debido a la persistencia del virus en nuestro entorno, el Gobierno trabaja desde hace semanas en un anteproyecto de ley que regule el trabajo a distancia.

Un documento a través del cual se pretende establecer que sean los empresarios quienes asuman los costes derivados del teletrabajo y que se regulen los horarios, entre otros puntos. “El 44,2 por ciento de los profesionales, directivos y técnicos, según un sondeo realizado por la Unión de Técnicos y Cuadros del sindicato, denuncia un incremento de su jornada laboral no justificado; un 45,7 por ciento no tenía medios para registrar su jornada, como marca la Ley; el 48 por ciento no disponía de ningún equipo y el 31 por ciento ni tan siquiera tenía garantizado el derecho a la desconexión”, asegura UGT.

De hecho, desde la plataforma sindical urgen a que, en este nuevo escenario, los “equipos informáticos, conexión y demás equipamiento corra a cargo de la empresa”, que también debería asumir, afirman, los gastos derivados de “luz, wifi, climatización…de la actividad, debiéndose cubrir unos con una cantidad mensual y otros con una aportación fija”.

¿Nos cuesta dinero teletrabajar?

Después de que la Agencia Española de Meterología anunciase que esta semana algunas localidades españolas alcanzarán los 46 grados centígrados, muchos de los ciudadanos que se encuentran teletrabajando en estos momentos en sus hogares han comenzado a hacer cuentas.

El uso indiscriminado del aire acondicionado, por ejemplo, tendrá una especial incidencia en los bolsillos de quienes aún mantienen su empleo. Concretamente el comparador Acierto.com considera que se producirá un incremento de hasta 100 euros de media en la factura de los consumidores este verano y tan sólo hablamos de la luz. Es decir, se trata de un impacto sobre las previsiones de gasto de muchos españoles, que, en ocasiones, no podrán asumir.

Algunas empresas, como BBVA han comenzado a establecer compensaciones mensuales. En el caso del banco, se trata de un extra de 50 euros mensuales. Iniciativas aisladas, aunque insuficientes que pretenden paliar la asfixia económica de quienes aún mantienen su puesto de trabajo.

En España, cerca de un 40 por ciento de la fuerza laboral se encuentra trabajando a distancia, debido al riesgo de contagio. Un porcentaje muy inferior al del resto de nuestros socios del norte de Europa, pero superior al que hasta ahora se estaba produciendo en nuestro país, que no alcanzaba ni el 10 por ciento. En concreto, desde UGT estiman que “alrededor de 10 millones de personas han estado teletrabajando durante esta crisis sanitaria y sin red de protección”. Una situación que posiblemente se verá agravada con el inicio el otoño y la caótica vuelta a los colegios en septiembre. Entonces, muchos padres y madres tendrán que acudir de nuevo a la modalidad del teletrabajo para poder hacer frente al absentismo escolar derivado de los rebrotes en los centros de estudio; la ausencia de actividades extraescolares; los horarios dispares entre turnos de mañana y tarde; la cancelación de los comedores -es el caso de Navarra-; el retraso de la incorporación a las aulas -La Rioja- o recortes en el horario lectivo, como ocurrirá en Asturias.

¿Podrá entonces dar la administración una respuesta a las necesidades de los trabajadores?