El mercado de las criptomonedas no solo pasa por un momento complejo en lo que al valor de estos activos digitales se refiere, aunque se entiende que la notable caída registrada forma parte de uno de sus ciclos habituales, sino que su recuperación se encuentra notablemente estancada debido, en buena parte, al marco regulatorio que el Gobierno de Donald Trump pretende impulsar, pero que no termina de aprobarse. Esta normativa mantiene al sector en vilo y supone un gran condicionante para que vuelvan a registrarse subidas de precio de cada una de las cripto, ya que, a pesar de que el presidente estadounidense mostró un apoyo notable a esta industria y escogió reguladores que se encontraran a favor de ella, el bloqueo que mantienen los demócratas a la nueva regulación impide que se dé una nueva tendencia positiva en las gráficas.
Ahora bien, la firme negativa de los demócratas estadounidenses a apoyar el marco regulatorio que busca impulsar Trump no es cuestión de capricho, sino que niegan su apoyo, el cual es necesario para que reciba luz verde, en la votación al entender que la nueva ley hace escasos esfuerzos para evitar que los funcionarios públicos no saquen provecho de negocios vinculados a las criptomonedas. La Clarity Act, la nueva normativa en relación a estos activos digitales que se busca aprobar en EEUU, sigue a la espera de completar su tramitación debido a un debate que, sobre todo, pretende abordar la posición de Donald Trump, cuyo imperio familiar ingresó el año pasado unos 1.228 millones de euros en negocios cripto.
Esta abultada cifra ha provocado una enorme polémica en la tramitación de este nuevo marco regulatorio, indignando a los demócratas y provocando fuertes críticas de expertos de ética, que señalan profundos conflictos de intereses. Es por ello que reclaman cláusulas y requisitos para frenar la influencia de cargos públicos en estos mercados, algo que todavía no se ha logrado.
La normativa cuenta con un nuevo borrador que comenzó a circular la pasada semana, en el cual se incluyen cláusulas como las que impiden a los cargos públicos emitir y patrocinar una criptomoneda. Sin embargo, ello no supone una limitación a la posibilidad de mantener la propiedad de sus activos y estar vinculados a ellos, estando obligados a venderlos o transferirlos a un fideicomiso ciego solo en el caso de al menos el 20% de una empresa que obtenga más de la mitad de sus ingresos de la emisión o promoción de criptomonedas. La normativa se haría extensiva a los cónyuges de los políticos estadounidenses, pero no a los hijos, siendo aquí donde surge la mayor controversia, ya que el imperio de los activos digitales de Donald Trump es gestionado por sus herederos, entendiendo los demócratas que la nueva normativa deja limpia la fachada pero no el interior, ya que entienden que el presidente estadounidense podría seguir contando con enorme actividad en este mercado.
Los demócratas no se encuentran dispuestos a apoyar esta normativa mientras no se refuercen, tal y como subrayan, aspectos como este o la ética de los cargos electos, la protección de los consumidores, la lucha contra las finanzas ilícitas, los conflictos de interés y la integridad de los mercados. En caso de no alcanzarse un acuerdo, este sería un duro golpe para la Administración Trump, que ha defendido el impulso de un marco regulatorio favorable a las criptomonedas como una de sus mayores banderas.
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