“Toma los datos, las pruebas y los nombres: es tu turno de actuar.” Ese es, en pocas palabras, el mensaje que el Ministerio de Consumo ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid. Y no se trata de una advertencia genérica ni de una llamada simbólica a la colaboración institucional: es una entrega formal, concreta y documentada. La cartera que dirige Pablo Bustinduy ha puesto sobre la mesa un archivo digital repleto de evidencias, que incluye miles de direcciones exactas, enlaces a anuncios activos en plataformas turísticas, información detallada sobre los anfitriones y otros datos que permiten localizar, identificar e iniciar procedimientos sancionadores contra más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. Se trata de un material que, según el Ministerio, desmonta cualquier margen de ambigüedad sobre la magnitud del problema y obliga al Consistorio a tomar medidas inmediatas dentro de sus competencias.
El informe, elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo, revela que en Madrid operan al menos 16.335 pisos turísticos anunciados en plataformas online, mientras que el número de licencias otorgadas por el Ayuntamiento apenas supera el millar: 1.131 permisos legales, según los datos del propio consistorio. Esa brecha, de más de 15.200 viviendas en situación irregular, es la que ha llevado al Ministerio a exigir una reacción clara al gobierno municipal que encabeza José Luis Martínez-Almeida.
Desde Consumo consideran que esta proliferación descontrolada afecta directamente al acceso a la vivienda y está contribuyendo a la expulsión de vecinos de barrios tradicionalmente residenciales. “Está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía”, ha advertido el propio Bustinduy en diversas ocasiones. Ahora, con direcciones, pruebas y nombres sobre la mesa, la petición se convierte en exigencia: retirar los anuncios ilegales y abrir expedientes sancionadores.
Barcelona e Ibiza, modelos a seguir
Así las cosas, el Ministerio pone como ejemplo a seguir la actuación de administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, que ha conseguido eliminar miles de anuncios y recuperar parte del parque de vivienda para alquiler de larga duración. También cita el modelo del Consell de Ibiza, donde se han implantado herramientas para detectar la oferta irregular y acelerar la inspección y sanción de pisos turísticos no autorizados.
Además de remitir los datos al Ayuntamiento madrileño, el Ministerio ha iniciado acciones paralelas dentro de sus competencias: en diciembre de 2024 abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler por incumplir la normativa de consumo al no mostrar el número de licencia. En febrero de 2025, también se procedió contra grandes gestoras que operan como si fueran particulares, vulnerando así los derechos de los consumidores.
El negocio camuflado de las grandes gestoras
Buena parte de los pisos turísticos ilegales que operan en Madrid no pertenecen a propietarios individuales ni a vecinos que alquilan su vivienda por unos días, como a menudo se da a entender. Según el Ministerio de Consumo, grandes empresas del sector inmobiliario y plataformas especializadas en alquiler vacacional estarían detrás de centenares de viviendas, gestionadas de forma profesional pero anunciadas como si fueran alojamientos particulares. Esta práctica, además de suponer un engaño al consumidor, permite a estas compañías eludir ciertas obligaciones fiscales y normativas, ya que la legislación distingue entre alquiler ocasional y actividad empresarial regular. Las gestoras multivivienda emplean distintas identidades, fragmentan su cartera entre múltiples perfiles y se aprovechan de la falta de inspección para ocultar el volumen real de negocio. En este sentido, Consumo ha iniciado ya expedientes contra algunas de estas firmas, que actúan de manera encubierta en portales como Airbnb, Booking o Vrbo.
Un mercado de alquiler tensionado por el turismo ilegal
Asimismo, el fenómeno de las VUT ilegales no solo desafía las normativas urbanísticas: tiene consecuencias directas sobre el mercado del alquiler tradicional. Según datos recientes del portal Idealista, el precio del alquiler en la ciudad de Madrid ha subido un 11% interanual, con distritos como Centro, Chamberí y Salamanca superando ya los 20 euros por metro cuadrado. Organizaciones como el Sindicato de Inquilinas y estudios del propio Ayuntamiento advierten que la retirada de viviendas del mercado residencial para destinarlas al turismo de corta estancia está generando una presión artificial sobre la oferta, encareciendo los precios y haciendo que cada vez más vecinos se vean forzados a abandonar sus barrios.
Por último, fruto de este fenómeno especulativo, zonas como Malasaña, Lavapiés o La Latina son hoy un ejemplo evidente de cómo la expansión del turismo desregulado está transformando por completo la identidad de los barrios madrileños. Lo que antes eran comunidades con tejido vecinal consolidado y comercio local, se está convirtiendo en un escaparate permanente para visitantes de paso. En muchos portales de edificios residenciales cuelgan ahora códigos de entrada automatizados, maletas rodando a cualquier hora, limpieza exprés y ruido nocturno constante. Los vecinos denuncian una pérdida de convivencia, una subida de precios en el comercio básico y un cambio de ritmo vital que dificulta la vida diaria. La gentrificación ha acelerado con fuerza: según datos del Observatorio de Vivienda y Urbanismo, la población empadronada en estos barrios ha descendido, mientras que el número de licencias de actividades turísticas (legales o no) ha aumentado de forma exponencial. Para muchas asociaciones vecinales, la turistificación sin control ha sustituido al vecindario por una economía basada en la rotación, la especulación y la expulsión silenciosa.