La asociación Facua- Consumidores en Acción se dirige al Ministerio de Consumo para solicitarle explicaciones ante la pasividad de sus actuaciones frente a las empresas que llevan a cabo prácticas abusivas. En concreto entre el 17 de enero de 2020 y el pasado 24 de agosto, FACUA ha interpuesto ante la Dirección General de Consumo del Ministerio 58 denuncias contra un total de 85 empresas . El organismo no ha contestado a 52 de ellas. Además, en cinco casos que sí lo ha hecho, se ha declarado incompetente y la única respuesta que no indicase este hecho fue para manifestar que dado que la empresa denunciada había retirado su producto del mercado, no consideraba necesario emprender actuaciones.

Rubén Sánchez, Secretario General de Facua, explica a El PLURAL que, “tenemos una relación habitual con el Ministerio de Consumo y les hemos trasladado en cada una de las denuncias cuál es el motivo por el cual no se nos ha enviado una respuesta, y qué es lo que han hecho al respecto. Además, queremos saber si el Ministerio comprueba si se ha producido una infracción, si se ha dirigido a la empresa y le ha instado a cesar esa práctica abusiva y en tercer lugar saber si ha elaborado un análisis jurídico y se ha puesto en contacto con las comunidades autónomas, que son las que pueden sancionar.”

Entre las empresas denunciadas por FACUA por vulnerar la legislación de defensa de los consumidores se encuentran 33 compañías aéreas, 13 energéticas, cinco compañías de telecomunicaciones, cuatro bancos y tres aseguradoras. Los motivos más habituales han sido la publicidad engañosa; la negativa a reembolsar el importe de servicios cancelados por la pandemia indicando que sólo existe el derecho a recibir un bono y el incumplimiento de la obligación de facilitar teléfonos gratuitos cuando se trata de empresas de servicios básicos de interés general o líneas con prefijos geográficos o líneas móviles en lugar de 902 en el resto de casos.

“La no respuesta nos parece lamentable y subsanable ya que se trata de que haya voluntad política. Por otro lado, el hecho de que el Ministerio no haya señalado a las empresas es una cuestión política. Depende de lo que valore el ministro, que ayer domingo hizo 600 días en el cargo, y nos gustaría que reflexionara en hacer un cambio en hacer política de consumo”, explica a este periódico Sánchez que, además, hace hincapié en que desde Facua solicitan tres medidas: “que valoren jurdíicamente nuestra declaración; instar a la empresa a que cese la práctica abusiva y señalar públicamente a las empresas”.

De hecho, desde la asociación esperan que el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón acometa cambios de calado en el funcionamiento de su Dirección General de Consumo, de manera que se convierta en un organismo eficaz en la lucha contra el fraude y transparente en sus actuaciones. Por otro lado la asociación lamenta que tras sus denuncias, Consumo no instiera a las empresas a cesar en las prácticas si constata que resultan abusivas ni alerte públicamente a los usuarios de ello. Es por ello que el pasado viernes, la asociación remitió un informe a la Dirección General de Consumo en el que reitera su petición de información sobre las medidas llevadas a cabo ante todas las denuncias a las que no ha recibido respuesta. “Por parte del Ministerio se escudan en decir que no han hecho nada con las denuncias de Facua porque no tienen competencia, pero sí que las tienen, lo único que no puede es sancionar pero puede llevar a los tribunales a las empresas, y no ha llevado a ninguna empresa a los tribunales durante estos 600 días”, añade el secretario general de Facua.