El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo Real Decreto-Ley para impulsar las energías renovables y medidas adicionales para la transición energética. Tal y como ha explicado la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la medida se lleva a cabo en el contexto de la crisis del coronavirus.
El objetivo es “activar las palancas que permitan impulsar la inversión verde”, en palabras de la vicepresidenta, en línea con las recomendaciones del Pacto Verde Europeo. Así, prevé no solo una revolución industrial asociada a la energía en sí misma, sino también en el aumento de la competitividad, en el ahorro familiar, en la generación de empleo sostenible de calidad o en la resiliencia económica, entre otros.
“El despliegue de las energías renovables va a ser uno de los tractores de la recuperación económica”, asegura la vicepresidenta haciendo referencia al impacto de la crisis del coronavirus. Asimismo, reconoce que “las energías renovables son las fuentes de energía más baratas” y que España goza de una “posición inmejorable”.
El Gobierno plantea tres grandes objetivos consistentes en eliminar barreras, acabar con desajustes de los últimos meses y agilizar trámites para atraer inversión para llegar a ser 100% renovable antes de 2050. Para ello, pretende terminar con los movimientos especulativos y eliminar la burbuja de permisos de conexión a las redes eléctricas y establecer un nuevo sistema de subastas, adaptado a la situación actual.
Pacto Verde Europeo
Por otro lado, la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene previsto adaptar la normativa renovable a la europea, con el objetivo de facilitar que las empresas puedan aprovechar las oportunidades y regulaciones en cuanto a almacenamiento y empleo.
Así, Ribera ha anunciado la incorporación de la hibridación a la regulación, el ahorro de los costes de red para minimizar impactos y algunas precisiones sobre el nuevo Plan del Automóvil aprobado la semana pasada.
En concreto, ha destacado el aumento de hasta el 25% de las bonificaciones del impuesto de Sociedades, la libertad de amortización en 2020 y 2021, la posibilidad de utilizar 100 millones de superávit municipal para adquirir nuevos coches y la instalación de estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras y autopistas.
Según ha afirmado la vicepresidenta, el objetivo es que estas medidas lleguen a las zonas donde se van a producir cierres de las centrales de carbón para garantizar la liquidez del sistema eléctrico, de las pymes comercializadoras y que los cogeneradores cuenten con una retribución recalculada.
El Real Decreto-ley también incluye la autorización al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía para que lance una convocatoria de ayudas destinadas a la energía solar y fotovoltaica en Canarias con 20 millones de euros y el matiz para que los particulares que compren motocicletas eléctricas puedan beneficiarse también del Plan Moves desde el primer momento.
Ampliación del Mobile World Congress hasta 2024
Por otro lado, María Jesús Montero, ministra portavoz, ha anunciado la ampliación de la celebración del Mobile World Congress hasta el año 2024, “el evento más importante del mundo en la telefonía móvil”. El MWC tiene un impacto positivo de 470 millones de euros y supone la creación de 13.000 empleos.
El Mobile World Congress de Barcelona no ha podido celebrarse este año en febrero por el primer impacto del coronavirus, por el que el Ministerio de Economía ha tomado una decisión al respecto para regular los gastos tras la suspensión. Así, ha llegado a un acuerdo con la empresa organizadora, la GSMA, con una tarifa reducida y condiciones más ventajosas en la próxima edición como compensación para hacer frente a los gastos de este año.
Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha aprobado contribuciones voluntarias a 32 organizaciones y programas internacionales por un importe de 3.185.000 euros para la defensa y promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de la paz y seguridad internacional y cooperación del desarrollo y la lucha contra el terrorismo.
En este punto, Montero ha destacado la aprobación de 850.000 euros para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o de 500.000 euros para la Unión por el Mediterráneo.
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al contrato para el primer tramo de producción de vehículos de combate sobre ruedas 8x8, con 2.000 millones de euros. Por el momento se llevará a cabo el suministro de un primer lote de más de 300 unidades que se producirán durante más de diez años. Tal y como ha explicado la ministra portavoz, el 70% se realizará en España, con la creación de 600 puestos de empleos directos y 1.000 indirectos en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid.
