En el último Consejo de Ministros, el responsable de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba una mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, Escrivá hacía pública la aprobación de la flexibilización del concepto de convivencia para la prestación de esta ayuda económica, diseñada para los ciudadanos más vulnerables.
En colaboración con organizaciones del Tercer Sector, el Ministerio de Seguridad Social estudiará los casos solicitantes del IMV, con la ampliación ahora para ciudadanos “itinerantes”, en palabras del ministro, o aquellos que residen en albergues, casas de acogida o que se ven obligados a compartir piso. Según las cifras de Escrivá, se han recibido alrededor de 60.000 peticiones bajo esta situación.
Esto ha provocado que, hasta este momento, se hayan denegado algunas de las solicitudes para recibir el Ingreso Mínimo Vital. De hecho, a principios de octubre el propio ministro aseguraba que el 27% de las 320.000 solicitudes estudiadas se habían denegado por no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio. En ese momento, cifraba que casi un millón de ciudadanos habían pedido la ayuda del Gobierno.
Con la ampliación del concepto de convivencia, aumenta el número de individuos especialmente vulnerables que se pueden acoger a la prestación económica. Un colectivo que además ha visto empeorar su situación por la crisis del coronavirus.
Para la Asociación Víctimas del Paro no es suficiente
El presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, reconoce que “era una prioridad no dejar atrás a las personas sin hogar, a quienes comparten piso por necesidad o a quienes tienen que convivir con otras personas (familiares o no) por la falta de recursos suficientes”.
Sin embargo, considera que no vale con esta ampliación, sino que solicita nuevas mejoras para llegar a los ciudadanos más vulnerables. “Se debería considerar la posibilidad de atender casos excepcionales y de máxima vulnerabilidad que no cumplan los requisitos, previo informe de los Servicios Sociales” -solicita García- “Hablamos de seres humanos que se pueden encontrar sin ayuda de la familia, sin ingresos e incluso sin techo”.
Entre estos casos excepcionales, el presidente de la asociación denuncia que siguen quedando fuera del IMV, según la estructura actual, los menores de 23 años sin hijos a su cargo o los menores de 30 años que no lleven dos años independizados. También quedan fuera las personas que, por sentencia judicial de divorcio o separación, no pueden disponer de su vivienda, pero esta consta como patrimonio y además, carecen de ingresos suficientes.
La asociación pide incluir también entre las excepciones a los requisitos a las personas que sufran violencia doméstica grave, al igual que en el caso de violencia de género o trata de mujeres. Asimismo, incluye a las personas que figuran como administradores de empresas aunque lleven años sin actividad productiva o incluso dadas de baja.
La solución: rapidez, orden y mejora de la atención
Ante estos problemas en la gestión del Ingreso Mínimo Vital, Joaquín García pide a la Administración más rapidez en las resoluciones de las solicitudes y las respuestas a los recursos, así como procurar un cierto orden en la resolución de solicitudes.
En la misma línea, solicita atención personalizada en los Centros de Atención de la Seguridad Social, cumpliendo siempre con las medidas sanitarias, y la colaboración de los servicios sociales y las comunidades autónomas. Estrechamente relacionado, pide también mejorar la atención telefónica a través de números gratuitos y más personal de información. Según denuncia García, “en muchos casos es casi imposible conseguir que te respondan”.
Finalmente, considera relevante la aprobación del reglamento y del complemento previsto en el decreto 20/2020 para ayudas al alquiler. Para la Asociación Víctimas del Paro se debería incluir también las ayudas para las hipotecas que estén pagando los beneficiarios del IMV.
¿Cómo evitar el fraude?
Más allá de las mejoras para hacer más eficiente el IMV, el presidente de la asociación pide reforzar las medidas para evitar el fraude en la aprobación de la medida. “La Asociación Víctimas del Paro apoya a las personas desempleadas y necesitadas, pero no apoyamos la economía sumergida ni el fraude”, recalca.
Así, en primer lugar, pide reforzar el control para comprobar que los certificados e informes de vulnerabilidad otorgados por las ONGs sean verídicos y “no se den por amistad, una mal entendida solidaridad”, en palabras de la asociación.
De cara a la convivencia, alerta del caso de parejas que comparten vivienda y podrían declarar no tener ninguna relación afectiva, con el objetivo de poder cobrar dos veces el ingreso mínimo o bien, cobrarlo un miembro de la pareja mientras la otra cuenta con ingresos suficientes, ya sea por rendimientos del trabajo, pensiones, subsidios u otras ayudas.
En esta línea también menciona las parejas de hecho o matrimonios que, tras separarse o divorciarse, siguen viviendo juntos y cumplen las circunstancias del caso anterior. Asimismo, alerta del caso de familias a las que les interese vivir juntos para obtener más dinero procedente del IMV.
García menciona también el problema de los alquileres no declarados en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. “Sería importante combatir más y mejor la economía sumergida que se produce con el alquiler de habitaciones y de pisos compartidos sin que el dinero percibido por los arrendadores se declare a Hacienda”, declara el presidente de la asociación.
“Aún quedan pasos por dar”
El ministro Escrivá ya anunció en el último Consejo de Ministros que se continuará estudiando la forma de ampliar la prestación del Ingreso Mínimo Vital para llegar a los más vulnerables, por lo que en los próximos meses podríamos atender a estos nuevos casos, tanto para los beneficiarios de la prestación como para los mecanismos de control de fraude.
La misma respuesta ha dado Jorge Uxó, director del gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales al presidente de la Asociación Víctimas del Paro: "Efectivamente, las medidas que se han tomado en los últimos RDL suponen una mejora del IMV, pero aún quedan pasos por dar, que ya se concretarán en principio en enmiendas planteadas durante el trámite parlamentario, que esperamos que empiece de forma casi inmediata.”