Los pisos turísticos son en una plaga que se extiende por toda España, destrozando los barrios y machacando a sus vecinos, y a la que las instituciones llegan tarde a poner coto. En su gran mayoría ilegales, estos inmuebles elevan los precios de las viviendas del lugar donde se establecen y desahucian a familias para acoger maletas. Una realidad triste y despersonalizada que encuentra en Madrid su éxtasis y en los políticos municipales y autonómicos a sus responsables. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, es el principal señalado y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, su perseguidor.

Las ilegalidades en las que incurren la mayoría de viviendas turísticas localizadas en Madrid, suficientes para su inspección, clausura y sanción, son apreciables tan a simple vista que ofende que desde el Ayuntamiento no se tomen medidas. Esta inacción ha propiciado que la ciudad albergue más de 15.000 pisos de esta naturaleza ilegales, cantidad que se asemeja a la que suman todas las Islas Baleares y Galicia juntas, según los datos de los que dispone Consumo. Sin embargo, señalar esta situación y facilitar información al Ayuntamiento para solucionarla es para Almeida una “deslealtad”.

16.335 pisos turísticos totales, 1.131 con permisos del Ayuntamiento y 15.204 en situación irregular. Esos fueron los datos que el Ministerio le dio al consistorio, que procedió a indignarse al considerar que esto es una maniobra política “para sacar el titular” y tener “unos segundos de gloria”. “Qué gloria ni qué ocho cuartos. Lo que busco es que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad”, respondió Bustinduy. Datos que el gabinete de Almeida reconoció tener en marzo de 2024, pero ante los que ha decidido no hacer nada en los dos últimos años de legislatura.

La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada

Consumo ha intentado trabajar junto con el alcalde del Partido Popular (PP) en múltiples ocasiones, pero ante la pasividad de su interlocutor no ha quedado otra que exponer la gestión. La primera revelación de datos emitida por el Ministerio de Bustinduy se produjo el 24 de marzo de este año. Desde ese momento, más allá de indignarse, el alcalde no ha hecho mucho más. Este lunes se ha abierto un nuevo capítulo después de que el Ministerio haya entregado a Cibeles una nueva lista con datos de más de 3.500 pisos turísticos ilegales.

Pisos de los que ha dado la dirección postal, aspecto que, según confirman de Consumo a ElPlural.com, dotan a Almeida de todos los medios para acudir a inspeccionarlos y tomar medidas. Información con la que, de momento, el Consistorio no ha hecho nada. “Nuestra competencia es detectar los anuncios, pero es potestad del Ayuntamiento actuar”, explican desde el Ministerio el reparto competencial. “Solicitamos al alcalde que actúe y nos ponemos a su disposición para toda necesidad de información que requiera”, añaden en conversación con este periódico.

El Ayuntamiento no está haciendo su trabajo

Esta línea argumental es la que defendió el propio Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes. El titular, cansado de la pasividad de Almeida, se mostró molesto ante el abandono de los intereses de los ciudadanos de Madrid por parte de quien, en teoría, debería de velar por sus derechos. “¿Cómo está el enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid por esa lista de 3.500 pisos ilegales que les han trasladado?”, preguntaba un periodista.

“Respeto el estilo político de cada quien, también del señor Almeida, a pesar de que incida muchas veces en la falta”, comenzaba Bustinduy su respuesta. “No hay ninguna deslealtad, es todo lo contrario. El Ministerio de Consumo está haciendo el trabajo que el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo”, explicaba claramente. “Hemos recabado información con las direcciones postales, calle y puerta, de 3.500 pisos que están operando de manera ilegal en la ciudad de Madrid y le hemos remitido esa información, junto con los anuncios que demuestran la actividad ilícita de esas viviendas, para que el Ayuntamiento, que es quien tiene las competencias, proceda a inspeccionarlos, cerrarlos y sancionar a sus propietarios”, detallaba.

Sin embargo, esto ha caído en saco rato. “La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada. Ya le remitimos 15.200 operando de forma ilegal en relación al número de licencias que tiene el Ayuntamiento y, desde entonces, no han hecho nado”, lamentaba Bustinduy. “El Ministerio está poniendo a disposición del Ayuntamiento esta información para que no pueda poner ningún tipo de excusa”, ahondaba, ejemplificando que “nadie entendería que en Madrid estuviese operando 15.000 bares o taxis sin licencia”.

Y es que considerar a Madrid una ciudad sin ley es acertado si se alude a las grandes fortunas, fondos buitre, multinacionales y especuladores que campan a sus anchas por la capital. Igual de correcto es señalar el aumento de la presión policial que sufren los barrios y sus vecinos, especialmente acuciante en los colectivos que intentan resistir esta realidad. “Están desplazando a familias que ven como sus barrios se han convertido en parques temáticos, encima en condiciones de flagrante ilegalidad”.

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