España ha recibido el cuarto desembolso milmillonario procedente de Europa. La Comisión Europea ha pagado al país 9.900 millones de euros vinculados al cuarto pago de los fondos europeos (Next Generation), tal y como confirmó hace algo más de un mes. España ha dado cumplimienti 60 de 61 hitos y objetivos (44 hitos y 16 objetivos) de los que depende la cuantía y continúa avanzando en el cumplimiento y despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mecanismo clave para entender el impulso de la economía y el crecimiento del que disfruta el país desde hace años.
No obstante, a España le falta un objetivo al que dar cumplimiento y que completaría los 10.000 millones de euros del cuarto paquete. “En relación con el objetivo pendiente relativo a la digitalización de las empresas, la Comisión reconoce los primeros pasos ya dados por España, aunque queda trabajo por hacer", recoge el comunicado oficial de la Comisión Europea". "España dispone ahora de un plazo de seis meses para cumplir este objetivo", añade.
Así, España ha recibido casi el 99% del total solicitado, a falta de un 1% restante que que asciende a 158 millones de euros y se recibirá en los próximos meses, una vez cumplido el objetivo del Programa Agentes del Cambio. Este ha sido reformulado en el programa Kit Consulting, un objetivo intermedio de una inversión cuyo cumplimiento final está previsto en diciembre de 2025 5 y que tiene como objetivo el apoyo a la digitalización de al menos 15.000 pequeñas y medianas empresas.
Casi 50.000 millones de fondos
Este cuarto desembolso eleva al país como el más avanzados del continente. El paquete cuenta con un total de 34 reformas y 26 inversiones dirigidas a una larga lista de áreas de vital importancia. La transformación digital y la transición energética de la economía, las pensiones, la investigación, desarrollo e innovación, la educación, el tratamiento de agua, la digitalización de los servicios públicos, incluida la justicia, o incluida la justicia, o la cooperación interterritorial son las más destacadas.
El nuevo pago abonado por Bruselas poco después de las elecciones europeas se suma a los 38.000 millones que ya habían llegado a las arcas españolas, lo que representa un total de casi 50.000 millones de euros. La cuantía alcanza ya el 60% de las transferencias no reembolsables contempladas y catapulta a España a la cima de la Unión Europea (UE), donde también presume de ser el Estado con mayor número de hitos y objetivos cumplidos en términos absolutos (181).
Principales objetivos cumplidos
Pese a la holgada cifra, como en cualquier materia, existen una serie de hitos y objetivos que destacan por encima de otros. Entre los más reseñables se encuentran los que afectan a las pensiones, como la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, la adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización. En materia de impulso del emprendimiento se alzan la Ley Crea y Crece y la Ley de Startups.
En materia verde la transformación de la economía es vital para Bruselas, entre los cambios acometidos por España, el impulso de la economía circular y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. La vivienda también ha cumplido hitos con la aprobación de la norma que apuntalar el derecho a un hogar digno y adecuada, pero cuya aplicación práctica se queda en agua de borrajas debido a que son las comunidades autónomas quienes gozan de mayor competencia en este ámbito. Así, pese a lo pionero de la regulación, la vivienda sigue siendo el mayor problema del país.
También destacan que se cumplen los compromisos en el ámbito de la función pública con la aprobación de medidas legislativas para mejorar la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos o la regulación de la evaluación del desempeño. A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia, así como la regulación de la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.
Asimismo, desde Hacienda destacan las reformas e inversiones para mejorar la eficiencia y la digitalización de los procedimientos judiciales. Asimismo, desde la cartera liderada por María Jesús Montero ponen en valor las iniciativas que intensifican el uso de la tecnología para poder llevar a cabo acciones judiciales telemáticas con plena seguridad jurídica e introducen reformas en la legislación procesal para aumentar la rapidez de los procedimientos en los órdenes contencioso-administrativo y social.