La máxima en materia de vivienda en Madrid es no aceptar ningún precepto, marco legal ni ayuda proveniente del Gobierno de coalición. La construcción de un parque de vivienda accesible o el desarrollo de medidas legislativas que permitan a los ciudadanos obtener alquileres asequibles pasan a un segundo plano cuando el antisanchismo penetra también en esta materia. Isabel Díaz Ayuso se ha negado a aplicar los aspectos de la ley de Vivienda que corresponden a las autonomías y su propio proyecto, el Plan Vive, ha construido y entregado la friolera de cero pisos.

En 2019, la presidenta de la Comunidad de Madrid prometió 15.000 pisos que serían entregados antes del trascurso de cuatro años, que llegarían a ser 25.000 en ocho. Transcurrido ese tiempo, no existe rastro de las supuestas viviendas que presumía Ayuso. Ni existirá, dado que el Ejecutivo ha decidido recortar a una cuarta parte los pisos que finalmente se construirán. Serán 6.500, un 26% de todos los inmuebles prometidos. Además, los pocos que resisten llegarán con retraso. El concejal de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha vuelto a salir al rescate de su presidenta, asegurando que el próximo semestre (a partir de 2024) se entregarán 1.900 viviendas.

Un nuevo fracaso del plan madrileño de vivienda, que ha reducido en cuatro veces la cantidad de inmuebles y, aún así, ha entregado cero viviendas en plazo. Ahora, el Gobierno de Ayuso pretender disimularlo entregando el 12,6% de las que prometió con un retraso sustancial. Por el momento, ha trascendido que en el primer trimestre del año se instalarán los 300 primeros inquilinos en el municipio de Alcorcón. De cumplirse esta promesa, sería la primera vez en materia de vivienda, la Comunidad de Madrid habrá dado en marzo de 2024 un 2% de todas las viviendas que prometió antes de acabar 2023, un 1,2% si atendemos al total que nunca llegará.

Almeida se salta la ley con ayuda de Ayuso

La Comunidad de Madrid ha decidido no construir vivienda pública y rebajar e incumplir los tiempos de todos los planes urbanísticos que si que contenían inmuebles protegidos. El objetivo final de que no exista ninguna vivienda pública y de que todo el suelo esté liberalizado avanza rápido también en Madrid capital, donde su alcalde ha requerido la asistencia de la líder del PP para saltarse la nueva ley de Vivienda.

José Luis Martínez Almeida estaba obligado a construir un 20% de vivienda protegida en cualquier proyecto urbanístico que se realizase a partir de la aprobación de la norma o que no se encontrasen aprobados definitivamente antes de su entrada en vigor. Uno de ellos era el de las cocheras de Cuatro Caminos, por el que el Ayuntamiento recibió un documento de los propios servicios jurídicos de la Comunidad en el que se advertía de la obligatoria adaptación a la nueva ley.

El proyecto de Almeida no contemplaba el 20% establecido por la ley aprobada en el Congreso de los Diputados; sin embargo, lejos de cumplir con los mandatos emanados de la soberanía popular, Ayuso acudió al rescate. La Comunidad de Madrid emitió rápidamente un informe, sin la firma de la máxima de la jefa del servicio jurídico, que si se encontraba en el informe que exigía adaptarse al 20%, que tumbaba todo.

Concretamente, el Ejecutivo comunitario daba vía libre al Ayuntamiento de Almeida para no aplicar la ley de Vivienda en los proyectos que ya estuviesen en trámite. La redacción de este infame papel fue conjunta, tal y como recoge elDiario.es en los documentos a los que ha tenido acceso, y contó con la colaboración de la Dirección General de Planificación Urbanística del consistorio.

Un nuevo paso en el recorrido tenebroso que atraviesa el proyecto del Almeida para la cocheras de Cuatro Caminos. En primera instancia, el derribo de estas infraestructuras ya se realizó de forma ilegal, pero ha continuado adelante y recibirá en los próximos plenos la luz verde a golpe de mayoría absoluta. 443 pisos será construido donde antaño se encontraban las cocheras, pero un 20% no estarán destinados a vivienda protegida, que permita el acceso a las familias más vulnerables y ayude a evitar la especulación en todos los barrios de Madrid. Tampoco gozarán del espació público correspondiente los terrenos en los que se ubicaba la cárcel de Carabanchel, todo ello para jactancia del alcalde.

“No se ha aplicado la ley del Gobierno que ponía en grave riesgo estas cooperativas y ahora se ha resuelto el problema gracias a la colaboración con la Comunidad de Madrid […] Hemos conseguido que esa ley no fuera de aplicación mediante una interpretación que se ha hecho desde los Servicios Jurídicos porque suponían volver al punto de partida”, celebraba Almeida la última artimaña de su Gobierno y el de Ayuso para evitar combatir la precariedad del mercado de la vivienda de Madrid.