La tasa Tobin ha entrado en vigor este sábado 16 de enero junto a la tasa Google, por lo que hoy lunes es el primer día en el mercado bursátil en el que el nuevo impuesto a las transacciones financieras se convierte en una realidad.

Con ambos impuestos, el Gobierno prevé recaudar alrededor de 1.800 millones de euros anuales, de los que 850 millones corresponden a la tasa Tobin. Pero, ¿en qué consiste la tasa que ha entrado en vigor este fin de semana?

El objetivo del nuevo impuesto es gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España por parte de aquellas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Es decir, la tasa no gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, sino que serán solo las grandes empresas las que notarán el impacto del nuevo impuesto.

Retraso de la liquidación hasta abril

Sin embargo, a pesar de que ya está en vigor, el Ministerio de Hacienda ha retrasado su liquidación hasta el próximo mes de abril. Así, las empresas podrán presentar las liquidaciones de los nuevos impuestos hasta el mes de abril.

Este retraso corresponde, según el Ministerio de Hacienda, a la necesidad de ampliar el plazo de implantación de las nuevas figuras tributarias y pretende facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales. Sin embargo, esto no afectaría a los ingresos esperados ni a la entrada en vigor del impuesto.

La liquidación del nuevo impuesto se hará de forma mensual y en un principio estaba previsto comenzar el próximo 22 de febrero, con la liquidación correspondiente al mes de enero, y así sucesivamente. Con el retraso anunciado por Hacienda, ahora el nuevo plazo está fijado entre el 10 y el 20 de abril para las actividades de enero, febrero y marzo.

Esta primera liquidación será trimestral pero, a partir de aquí, se prevé volver a las previsiones iniciales y poner en marcha la liquidación mensual, para presentarse entre los días 10 y 20 de cada mes.

La lista de las 56 cotizadas afectadas por la tasa Tobin

Hace solo unos días, la Agencia Tributaria hizo pública la lista en la que avanzaba cuáles serían las empresas españolas que se verían afectadas por el nuevo impuesto. Se trata de aquellas cotizadas cuyas acciones tuvieran un valor de capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros a fecha 16 de diciembre.

En ese momento, un total de 56 empresas españolas cumplían estas características, por lo que serán estas sociedades las que tendrán que hacer frente al pago del nuevo impuesto desde este mismo lunes

  1. Inditex (82.778 millones)
  2. Iberdrola (71.502 millones)
  3. Banco Santander (46.456 millones)
  4. BBVA (27.045 millones)
  5. Amadeus (26.579 millones)
  6. Cellnex (24.579 millones)
  7. Endesa (23.833 millones)
  8. Aena (20.835 millones)
  9. Siemens Gamesa (19.542 millones)
  10. Naturgy (18.515 millones)
  11. Telefónica (18.261 millones)
  12. Ferrovial (17.324 millones)
  13. Filial española de EDP Renovaveis (17.254 millones)
  14. Grifols (14.618 millones)
  15. CaixaBank (13.602 millones)
  16. Repsol (13.310 millones)
  17. Red Eléctrica (9.023 millones)
  18. IAG (8.856 millones)
  19. ACS (8.376 millones)
  20. Acciona (6.254 millones)
  21. Enagás (5.266 millones)
  22. Mapfre (5.263 millones)
  23. Bankia (4.745 millones)
  24. Colonial (4.228 millones)
  25. Bankinter (4.038 millones)
  26. Fluidra (3.654 millones)
  27. Merlin Properties (3.652 millones)
  28. FCC (3.641 millones)
  29. Grupo Catalana Occidente (3.570 millones)
  30. Ebro Foods (3.077 millones)  
  31. Viscofan (2.767 millones)
  32. Zardoya Otis (2.696 millones)
  33. Vidrala (2.669 millones)
  34. Solaria Energía y Medio Ambiente (2.621 millones)
  35. CIE Automotive (2.559 millones)
  36. Acerinox (2.462 millones)
  37. Corporación Financiera Alba (2.274 millones)
  38. Laboratorios Farmacéuticos Rovi (2.114 millones)
  39. Logista Holdings (2.103 millones)
  40. Gestamp Automoción (2.088 millones)
  41. Banco Sabadell (2.085 millones)
  42. Almirall (1.982 millones)
  43. Euskaltel (1.638 millones)
  44. NH Hotel Group (1.463 millones)
  45. PharmaMar (1.390 millones)
  46. Prosegur (1.374 millones)
  47. Mediaset (1.362 millones)
  48. Amrest Holdings (1.315 millones)
  49. Prosegur Cash (1.267 millones)
  50. CAF (1.265 millones)  
  51. Meliá Hotels International (1.255 millones)
  52. Sacyr (1.226 millones)
  53. Applus Services (1.215 millones)
  54. Indra (1.182 millones)
  55. Unicaja (1.120 millones)
  56. Faes Farma (1.050 millones)

Los bancos, los principales afectados

Más allá de esta larga lista de empresas que tendrán que hacer frente a la tasa Tobin, se prevé que los más afectados por esta medida serán los intermediarios encargados de llevar a cabo las transacciones financieras, es decir, las entidades bancarias.

Sin embargo, las opiniones más críticas avanzan que serán los usuarios finales quienes tengan que hacer frente al nuevo impuesto, los inversores que adquieran acciones de cotizadas españolas, tanto en el Ibex como en el Mercado Continuo. Además del impuesto, hay que sumar el canon de las bolsas y el coste de los intermediarios por ejecutar la operación de compra de acciones.

A pesar de que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya aseguraba en febrero que la tasa Tobin no afectaría significativamente a la liquidez o al funcionamiento del mercado bursátil español, los expertos alertan de que el afectado final será el inversor en el mercado bursátil español. 

¿Por qué se llama tasa Tobin?

La tasa Tobin se denomina en realidad ITF, Impuesto de Transacciones Financieras, pero debe su nombre al economista estadounidense James Tobin, que propuso el impuesto en la Universidad de Princeton en 1971. Años después, en los 90 recuperó su popularidad con el movimiento antiglobalización y más tarde en 2008, como consecuencia de la crisis económica.

El economista explicó en su momento que se trataba de una medida para frenar la volatilidad de los mercados internacionales. Sin embargo, ahora se ha reinterpretado como un control de crisis financieras como la crisis de la deuda soberana europea e incluso como un "impuesto Robin Hood", según lo califican algunas ONGs.