El preacuerdo alcanzado sobre el VII Convenio General de la Construcción recoge el primer plan sectorial de pensiones, amparado por la futura ley del fondo de promoción pública que el Gobierno pretende sacar a finales de junio. Este pacto sobre el plan de pensiones de la construcción se ha adelantado incluso a la aprobación de la propia ley que lo respalda, lo que le atribuye el reconocimiento de haber sido el primero en materializarse.

La patronal y los sindicatos de la construcción ya se han comprometido a promover este plan sectorial y han diseñado algunas cuestiones en función del proyecto de ley del Ejecutivo. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha celebrado el acuerdo alcanzado en una declaración conjunta con Pepe Álvarez, realizada por la ruptura de las negociaciones con la CEOE. Sordo ha lamentado no tener tanta fuerza como en la construcción en el resto de sectores.

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La financiación de este plan de pensiones no supondrá un gasto extra ni para las empresas ni para los trabajadores. La aportación al fondo de pensiones procederá del aumento salarial pactado por los agentes sociales, es decir, una parte del incremento se destinará a dicho fondo. Una vez pactada la subida de los salarios a dos años vista, del incremento salarial del 4% pactado para 2022 se destinará un 1% a contribuir al plan; en 2023, del aumento del 3%, se destinará el 1% y del incremento del 3% para 2024 se destinará al fondo el 1,25%.

Los porcentajes que se aportarán a nutrir este plan estarán referenciados por las tablas salariales de los convenios provinciales del sector, como ha decidido la negociación colectiva. Su adscripción al fondo de promoción pública será obligatoria y, además, debido a la temporalidad del sector, el trabajador conservará su plan de pensiones, aunque cambie de empresa o, incluso, de sector.