El Acuerdo de Diálogo Social en materia de pensiones alcanzado en 2011 por sindicatos, empresarios y el Gobierno supuso la integración de las Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta integración suponía la equiparación de la mayoría de los derechos sociales y laborales (incapacidad temporal, maternidad, etc.) con el resto de trabajadores y el compromiso de abordar el derecho al desempleo. Sin embargo, desde el sindicato denuncian que el Gobierno "no ha atentido" este compromiso aún.
Dicho acuerdo incluía una serie de ayudas a la cotización de los empleadores que diesen de alta en la Seguridad Social a dichas trabajadoras, con la obligación de que el empleador cotizase por ellas desde la primera hora de trabajo. El modelo entró en vigor en 2011 hastas abril de 2013, lo que permitió aflorar desde la economía sumergida a 128.271 personas, un crecimiento equivalente a casi el 44%.
No obstante, según informan desde el sindicato, a través de una nota de prensa, el Gobierno impuso una reforma no pactada que permitía trasladar la responsabilidad de asumir la cotización a las empleadas siempre que trabajen menos de 60 horas mensuales. Una reforma que llegó "de forma injustificada". Achacan al Ejecutivo la "indolencia" de no seguir adelante con el proceso y es uno de los motivos que ha permitido la paralización que se ha registrado en el proceso de afloramiento de la economía sumergida en este sector.
Meses atrás, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que el Gobierno no volvería a establecer ayudas al empleo con fórmulas como las reducciones, pues suponen un decrecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Esto se había omitido "injustificadamente" en la Ley de Presupuestos Generales para 2017. A este respecto, desde el sindicato reclaman al Ejecutivo que "cese en la desatención sistematizada" sobre las empleadas del hogar, como "ha quedado patente cuando ha modificado el réfimen de responsabilidades" de la Seguridad Social.
