En 2018 (último año cerrado) se realizaron 6 millones y medio de horas extraordinarias a la semana (datos de la Encuesta de Población Activa del INE), lo que hace un total aproximado de 330 millones de horas extras al año, y le convierte en el segundo año en el que más han crecido las horas extras en la última década (11%), solo por detrás de 2015 (13,8%). Este abusivo recurso a las horas extraordinarias implica un déficit de empleo de unos 180.000 empleos a tiempo completo en ese año. Además, el 43,8% de esas horas extraordinarias realizadas en 2018 no se pagaron, lo que supone unos 140 millones de horas realizadas al año. Eso significa unos 2.300 millones de euros de salarios brutos perdidos por los trabajadores, y unos 650 millones de euros en cotizaciones sociales. Si esas horas extra hubieran sido cotizadas a la Seguridad Social supondrían una reducción del déficit de la misma de un 3,5%.

Sin embargo, las horas extraordinarias en los dos primeros trimestres de 2019 han descendido un 11,6% respecto a las efectuadas en el mismo período de 2018. Además, el número de horas extra no pagadas realizadas semanalmente en estos dos primeros trimestres del año ha sido el menor desde 2010. Sin duda, en estos positivos resultados ha influido de manera decisiva la entrada en vigor en el mes de mayo de la norma que regula el registro diario de jornada, que, a pesar de sus carencias, constituye un importante paso hacia adelante en el control efectivo de la jornada de las trabajadoras y de los trabajadores. Como aspecto negativo, han descendido en mayor medida las horas extra pagadas (-17%) que las no pagadas (-4,7%). Estas últimas han supuesto en el primer semestre del año el 47,4% del total de las realizadas.

Estas cifras muestran dos cosas: de un lado, que la introducción de mejoras normativas para ayudar a controlar la realización de horas extraordinarias y erradicar el fraude en las mismas es imprescindible, tiene efectos positivos; y, de otro, que aún queda mucho trabajo por hacer en esta materia, en la que el fraude empresarial sigue siendo muy elevado.

Por ello, UGT considera que hay que introducir multas disuasorias más elevadas ante el incumplimiento del registro horario por parte de las empresas, puesto que se está viendo que algunos empresarios, lejos de cumplir la norma, siguen burlándose de sus obligaciones y haciendo caja en base a los salarios que corresponderían a sus trabajadores.

El sindicato, que ha elaborado un documento para sus delegados sobre los elementos fundamentales de la regulación normativa y los criterios de aplicación para los negociadores, recuerda que las empresas tienen la obligación de conservar los registros diarios, durante 4 años, y garantizar su preservación, fiabilidad, veracidad e invariabilidad a posteriori de su contenido. Registros que deben estar disponibles, en todo momento, para el trabajador, los representantes legales de los trabajadores y la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que deben estar y permanecer físicamente en el centro de trabajo o ser accesibles desde el mismo de manera inmediata.

UGT seguirá impulsando, a través de la negociación colectiva, el control de la jornada mediante su registro diario, desplegando, al mismo tiempo, un férreo seguimiento y vigilancia, y denunciará cualquier incumplimiento por parte de las empresas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.