Como cambian las cosas. El Gobierno de España hizo este jueves uno de los mayores ridículos de los últimos tiempos. En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que pedían al Consejo de Estado un informe para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional. Tanto ella, como sus colaboradores, lo trataban como un puro trámite que saldría adelante, pero el órgano consultivo les dio un rapapolvo horas después, rechazando la chapuza legal por querer declarar ilegal algo que no había ocurrido.
La visión es compartida hasta por la prensa más a la derecha. Tanto ABC como La Razón dedican hoy duros editoriales -para lo que se espera de ellos- contra el gazapo del Gobierno. Pero El País, el otrora medio referente de la izquierda, no incluye ni un atisbo de crítica y se dedica a jalear al Ejecutivo para que siga adelante con sus planes “en nombre de la democracia y la Constitución”.
Como será la cosa, que ABC parece pedir entrelíneas que Rajoy cese o tome medidas contra Soraya Sáenz de Santamaría. Dice el diario que lo ocurrido ayer era “un error político perfectamente evitable por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría”. Y avisa de que “lo más sensato habría sido guardar un discreto silencio hasta saber qué diría este órgano consultivo del Gobierno central”.
“El error de cálculo de la vicepresidenta no es el primero en su gestión del conflicto político y constitucional en Cataluña. Tampoco es el primero del Gobierno en su conjunto. Es razonable y exigible que Mariano Rajoy tome nota de este balance”, añade. ¿Pide a Rajoy que tome también medidas contra su número dos?
La Razón tampoco se queda atrás y habla de “un cambio de criterio que suponemos aconsejado por la sospechada evolución de los acontecimientos, pero que debería ser explicado” y califica el dictamen del Consejo de Estado de “un contratiempo no menor para la actuación del Ejecutivo”.
Además, creen en el diario de Francisco Marhuenda que “desde el Gobierno se podría haber pulsado otras opiniones, para no dar una muestra de desacuerdo en el seno de las Instituciones del Estado” y recuerda que el Estado, “tras lo sucedido en Cataluña el pasado otoño, no puede dar muestra alguna de debilidad”.
Todo esto contrasta con El País, que rubrica un editorial titulado “Impedir la investidura”, y empieza avisando de que el informe del Consejo de Estado tiene “una opinión que no es vinculante”. “Para el Gobierno, cuya misión es proteger el interés general, impedir la investidura de Carles Puigdemont no solo es un objetivo políticamente deseable y jurídicamente legítimo sino una obligación inexcusable de la que en modo alguno puede abdicar”, señala. Y marca el camino: “Para lograr ese objetivo, el Gobierno tiene ante sí una amplia panoplia de instrumentos políticos y legales”.
Además, critica a los grupos políticos del Parlament que no accedan directamente a los deseos de Soraya Sáenz de Santamaría: “Hay que lamentar que ni el president del Parlament ni los grupos parlamentarios que promueven la candidatura de Puigdemont sean conscientes del daño al autogobierno y a la convivencia que supondría la investidura de Puigdemont. Su persistencia a la hora de desafiar al Estado demuestra su incapacidad de escuchar las demandas de una sociedad fracturada y agotada”.
Y termina jaleando al Gobierno, quien, “en nombre de la democracia y la Constitución, y en representación de la ciudadanía, tiene que agotar todas las vías políticas y legales a su alcance para evitar una investidura que abocaría a las instituciones del autogobierno a un nuevo conflicto con el Estado”.
Soraya Sáenz de Santamaría en persona fue la persona que salvó a El País cuando pasaba los peores aprietos económicos de la historia. Su empeño personal y sus llamadas fueron las que permitieron que PRISA salvar sus apuros financieros y la que blindó a Juan Luis Cebrián. Y es de bien nacidos, ser agradecidos… Rescates de ida y vuelta.
