El objetivo de Carles Puigdemont es ser detenido por la policía española siendo ya presidente de la Generalitat elegido por el Parlamento.

A estas alturas, JxCat y Esquerra Republicana tienen un pacto: la Mesa del Parlament que se elija en la sesión constitutiva del 17 de enero tiene que tener mayoría soberanista. Los números, en principio, salen. Pero habrá que ver cómo. A estas alturas todavía no hay candidato a presidir la Cámara legislativa catalana. Corresponde a ERC proponer el nombre. Según el acuerdo al que han llegado Puigdemont y Marta Rovira, cada formación tendrá dos miembros, dejando a la oposición los otros tres lugares. Ciudadanos tendría asegurados una vicepresidencia y una secretaría, mientras que el PSC optaría a una secretaría. Quedarían fuera Comú-Podem, CUP y PP.

Rovira llegó al pacto con Puigdemont durante una cena horas después de que desde ERC se ofreciera a Comú-Podem un lugar, incluso una vicepresidencia, siempre y cuando los comunes no votaran con el resto de los partidos no independentistas. Los 8 diputados de la formación liderada por Xavier Domènech pusieron sobre la mesa el nombre de Joan Josep Nuet. Pero, Rovira y Puigdemont han dinamitado cualquier acuerdo con ellos.

Tener la mayoría de los componentes de Mesa permite controlar el órgano de gobierno de la Cámara y, a la vez, forzar el reglamento, si es necesario.

Aunque en un primer momento se ha informado de que el pacto Puigdemont-Rovira también era para el debate de investidura, el portavoz oficial de Esquerra ha salido al paso diciendo que estudiarán las dos fórmulas propuestas: vía skype o bien delegando a otro diputado la lectura del programa de gobierno. Tanto los servicios jurídicos de Esquerra como los del mismo Parlament estudian la viabilidad de ambas fórmulas.

El reglamento dice que el candidato a presidir la Generalitat tiene que presentar, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicitar la confianza del pleno. En ningún lugar dice que tenga que ser in situ. Incluso, otro punto del reglamento asegura que cualquier diputado puede intervenir en nombre de otro en un debate. No especifica si serviría para el debate de investidura.

En el supuesto de que Puigdemont consiga la confianza del Parlamento, en el debate de investidura que se haría a finales de enero, estaría dispuesto, ya como presidente elegido, a volver a Cataluña para ser detenido. Tanto él como sus asesores creen que la medida adoptada de encarcelarlo por parte de la Justicia española traería a una corriente de simpatía en Europa y que, entonces, sería la UE la que obligaría en el Gobierno español a dejarlo libre y a negociar la independencia.

Mientras, Oriol Junqueras ha pedido formalmente al Supremo que lo traslade a una prisión catalana y poder intervenir como diputado electo, ya tiene la credencial, en el debate de investidura.

Recursos por el 155 al TC

Mientras la actividad política mantiene sus ritmos, la actividad judicial sigue su curso. Así, el Tribunal Constitucional ya ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó Podemos contra la aplicación del artículo 155. Así mismo, el Parlament también  ha presentado otro, que los próximos días también será admitido, muy probablemente, según explican varias fuentes.

El recurso del Parlamento, preparado por los servicios jurídicos de la Cámara, defiende que con la aplicación del artículo 155 no se puede suspender el autogobierno de Cataluña, cesar autoridades ni disolver la cámara catalana. Según el recurso, las medidas vulneran el principio de autonomía establecido en el artículo 2 de la Constitución. El escrito también argumenta que las medidas que se acuerden a través del 155 tienen que estar regidas por la gradualidad, la proporcionalidad y la transitoriedad. Y también cuestiona la activación del 155 por una mera declaración retórica por parte del presidente de una comunidad autónoma que, según el escrito, no está acompañada de una situación fáctica y de unos efectos que traigan a la constatación que el objeto del requerimiento se ha producido de manera real y efectiva. 

El escrito recuerda que Puigdemont respondió la carta del gobierno español negando la existencia de una declaración de independencia, por lo cual considera debidamente atendido el requerimiento previo a activar el 155.