Llegan los primeros presupuestos en los que la prioridad nacional, el principio que Vox ha hecho la piedra angular de sus pactos autonómicos con el Partido Popular, determina a qué se destina más y a qué menos recursos públicos. Extremadura, donde María Guardiola fue investida como presidenta en abril gracias a tragarse sus palabras sobre el los posultados de la ultraderecha, votará pronto sus cuentas para 2026, en las que las consejerías que ostentan los de Santiago Abascal van a hacer efectivas tanto sus promesas, como algunas sorpresas.
Entre los recortes sin precedentes a ONGs que trabajan para la acogida de personas migrantes, a la cooperación internacional, o a la educación contra el odio, la parte de los presupuestos que depende de Vox contempla un aumento de casi el 500% en ayudas a la tauromaquia. Los espectáculos taurinos en Extremadura pasarán de contar con una financiación autonómica de apenas 297.500 euros a más de 1,78 millones, destinados por el consejero Juan José García, de Vox.
Lo interesante es quién se va a beneficiar, fundamentalmente, de esta subida. La Fundación Toro de Lidia, que los propios profesionales del sector califican como una “patronal de especulación”, y que ha sido condenada por encubrir subvenciones en convenios con el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, recibirá un trasvase de 700.000 euros en Extremadura, para organizar circuitos de novilladas. Además, la consejería de ultraderecha avanzará en blindar los festejos taurinos como bien de interés cultural (BIC).
La Cámara de Cuentas investiga a Ayuso
Esta organización a la que Vox quiere beneficiar, es una de las habituales en las cuentas de la Comunidad de Madrid. Hace ya años que los eventos taurinos que financia la región tienen casi siempre el mismo beneficiario. De hecho, la Cámara de Cuentas abrió una investigación en marzo por "posibles irregularidades" en los convenios que la Comunidad de Madrid adjudica para eventos taurinos. y en especial por qué la mayoría de contratos de la región entre 2021 y 2025 fueron a parar a empresas vinculadas a la Fundación Toro de Lidia.
En la relación entre el Centro de Asuntos Taurinos, el organismo regional que gestiona los contratos, y la fundación, destaca el nombre de una empresa: Espectáculos Marisma S.L.. Esta compañía, que según la documentación mercantil a la que ha tenido acceso ElPlural.com, en 2024 tenía solo un empleado, recibe más del 30% de los fondos destinados en la Comunidad de Madrid a organizar festejos taurinos, y ha multiplicado por cinco sus ingresos en los últimos cuatro años. En 2025, esta empresa obtuvo licitaciones por más de un millón de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la mayoría gobernados por el Partido Popular.
En concreto 1.036.585 euros en adjudicaciones para organizar y celebrar corridas de toros, festejos en fiestas patronales, suministrar ganado o incluso suministrar una ambulancia, como en el caso de Móstoles. Espectáculos Marisma cerró el ejercicio 2024, año en el que multiplicó su plantilla -de cero empleados a uno-, con un beneficio de 193.429 euros, dato que llegó después de varios años con beneficios superiores a los 60.000 euros.
La Justicia tumbó el convenio de Ayuso y la Fundación
En febrero, eEl Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la subvención que la Comunidad de Madrid concedió a la Fundación del Toro de Lidia, disfrazada como un convenio para eventos taurinos, vulnera la ley de subvenciones. Por ello, estimó el recurso que interpuso la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT), y anuló el acuerdo con el que el Ejecutivo regional dedicó 1,4 millones de euros de dinero público a la tauromaquia.
La sentencia, a la que tuvo acceso ElPlural.com, dice que en lo que formalmente era un convenio para "establecer la colaboración" entre la Comunidad de Madrid y la Fundación para financiar la Fiesta del Toro en 2023 y 2024, "se instrumenta una auténtica subvención", como señalaba el recurso de la ASPROT a las alegaciones a la sentencia de diciembre de 2025. La jueza argumentó que el presunto convenio cumple los requisitos de la Ley General de Subvenciones.
Esta norma, en su artículo 2, establece que se considera subvención "toda disposición dineraria" que se realice "sin contraprestación directa de los beneficiarios", que esté sujeta "al cumplimiento de un determinado objetivo" y que financie "una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública".
Los 1,4 millones que la Comunidad de Madrid acordó aportar a este 'convenio' cumplen estos requisitos, por lo que se deben regir por la Ley General de Subvenciones. La sentencia razona entonces que el Ejecutivo de Ayuso omitió los principios de esta norma recogidos en su artículo 8.3: "Se han obviado, al menos, los principios generales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación", relata.
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