El Partido Popular ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de tumbar su moción -y la de Junts- para instar a Pedro Sánchez a que convoque elecciones anticipadas. En este movimiento, que los de Alberto Núñez Feijóo anuncian como "un paso más en su ofensiva contra el veto arbitrario y servil" del que acusan al organismo, hay una denuncia implícita a su baronesa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo partido ejerce una dinámica muy similar al que describen con la Mesa de la Asamblea de Madrid, en la que el PP tiene mayoría absoluta.
Los populares considera que la Mesa, cuya mayoría progresista alegó que la oposición excedía funciones reservadas al presidente del Gobierno al registrar una enmienda a una moción para que incluyera expresamente la "disolución de las Cortes Generales", es "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la que acusan también de haber tenido "un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates".
Fuentes de Génova critican "una decisión que tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad". El fondo de la cuestión está en que el PP y Junts, que presentó simultáneamente una enmienda casi idéntica al texto -que es una moción derivada de una interpelación al vicepresidente Carlos Cuerpo-, querían convertir esta votación en una suerte de cuestión de confianza a Pedro Sánchez, para forzarle a convocar elecciones si la pierde.
Esto a pesar de dos factores. El primero, que las mociones no son vinculantes, por lo que aunque el Congreso la hubiera aprobado este jueves -como se esperaba, habida cuenta de la delicada situación del PSOE-, Sánchez no habría estado obligado a tomar ninguna decisión. La otra cuestión es que disolver las Cortes es potestad única del presidente del Gobierno, "previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad", según el artículo 115 de la Constitución Española. Lo que puede conseguir el Congreso es investir a un nuevo jefe del Ejecutivo por la vía de la moción de censura, pero esta, a pesar de sus intentos, sigue descartada por Feijóo porque no le dan los números.
Los vetos de la Mesa de la Asamblea
Lo que quizás no han barajado en la sede del PP es que ya existen sentencias del Tribunal Constitucional sobre vetos legislativos empleados por mayorías en Parlamentos. En esta categoría tan concreta, hay tres resoluciones del tribunal de garantías en las que condenan a la Mesa de la Asamblea de Madrid a revertir decisiones, a tenor de recursos de amparo de la oposición al Gobierno regional.
En su deriva de usar las instituciones a su favor, la mayoría del PP en la Cámara de Vallecas impidió durante meses que se tramitaran preguntas, solicitudes o mociones sobre cuestiones incómodas para Ayuso, como son las artes de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, los contratos sanitarios firmados durante lo peor de la pandemia y los beneficios encontrados en ellos por su novio, Alberto González Amador, o el control que el Ejecutivo regional hace de Telemadrid, la televisión pública madrileña.
En total, el PP ha bloqueado cerca de 7.000 iniciativas presentadas por PSOE y Más Madrid desde 2023, fecha en la que el PP revalidó su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Algunas de ellas fueron mociones -no vinculantes- para pedir la destitución de MAR por amenazar y filtrar datos de periodistas; pero también hubo algunas que sí habrían tenido efectos prácticos como la solicitud de que el jefe de Gabinete de la presidenta compareciera ante la Asamblea, o para crear una comisión de investigación sobre los contratos firmados de urgencia con la sanidad privada durante la pandemia de Covid.
Las tres sentencias del TC a Ayuso
La primera de las sentencias llegó el 12 de enero, tras una denuncia del PSOE ante el veto a cinco preguntas sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a Eldiario.es -"os vamos a triturar"-, que había presentado la portavoz socialista, Mar Espinar. La Mesa, que preside el diputado y exconsejero popular Enrique Ossorio argumentó que el jefe de Gabinete de Ayuso no forma parte del Ejecutivo regional, pero el Tribunal Constitucional sentenció que aquello fue "una limitación injustificada del derecho de la diputada a formular preguntas al Consejo de Gobierno", y anuló ese acuerdo del organismo por vulnerar el principio de participación política que recoge el artículo 23 de la Constitución.
Tan solo 48 horas después, el tribunal dio un nuevo varapalo al PP, admitiendo el recurso de amparo presentado por Más Madrid sobre la inadmisión de iniciativas que debía votar el Pleno, como la creación de una comisión de investigación sobre contratos Covid, varias comparecencias, y diversas iniciativas parlamentarias relacionadas con la gestión sanitaria y con Miguel Ángel Rodríguez. El TC dio la razón íntegramente al grupo parlamentario que lidera Manuela Bergerot, y argumentó en su resolución que la Mesa, una vez más había excedido "la función de mero control formal de las iniciativas" y había hecho "juicios de oportunidad política".
La tercera sentencia llegó en marzo, después de que la Mesa permitiera tramitar por el procedimiento de lectura única la reforma de la Ley de Telemadrid. En otras palabras, el PP impidió que se registraran enmiendas a su texto, lo que provocó un nuevo recurso de amparo del PSOE. El tribunal volvió a dar la razón a los socialistas, señalando que la decisión vulneró "el derecho fundamental de los recurrentes a la participación política".
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