Vox busca consolidar su buen momento en Aragón a golpe de bulo y odio

Vox sabe que ahora mismo navega con el viento a favor y quiere aprovecharlo para las dos siguientes paradas del ciclo electoral. La más cercana, Aragón. Los ultras ponen los focos en dar otro espaldarazo electoral y, para ello, recurren a su viejo manual. Corregido y aumentado. Coincidiendo con el anuncio de su candidato para las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. La formación de extrema derecha, espoleada por los resultados del 21D en Extremadura, ha difundido en los últimos días un nuevo mensaje sobre el supuesto impacto económico de la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, una afirmación que, se apoya en – cuanto menos - una lectura interesada de los datos oficiales.

El partido cifra en más de 10 millones de euros anuales el coste sanitario derivado de la atención a inmigrantes sin regularizar. Para sostener esa cantidad, Vox se remite a una respuesta parlamentaria del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, a una pregunta formulada por su diputado David Arranz sobre el uso de recursos sanitarios por parte de este colectivo durante 2024.

Según eldiario.es, los datos facilitados por el Departamento de Sanidad hacen referencia al denominado “código 85”, una categoría de carácter administrativo utilizada en Atención Primaria para identificar a personas que, en el momento de su alta, no acreditan una situación regular. Tal y como precisa el propio Gobierno autonómico, este código no se actualiza automáticamente si la persona regulariza posteriormente su situación, por lo que no ofrece una fotografía fiel del colectivo al que Vox alude en su argumentación.

Según esas cifras, en 2024 se registraron 19.882 consultas en Atención Primaria, 10.253 atenciones en urgencias y 654 intervenciones quirúrgicas asociadas a dicho código. En términos relativos, estos datos representan apenas el 0,19% del total de consultas y el 1,65% de las urgencias atendidas en Aragón. La población extranjera en situación irregular supone alrededor del 9% del total de inmigrantes y en torno al 1,27% de la población aragonesa.

Diferencias en la estimación de costes

El principal punto de controversia se encuentra en el cálculo económico que realiza Vox. Para alcanzar los más de 10 millones de euros, la formación atribuye a cada atención en urgencias un coste medio de 185 euros y fija en 10.000 euros el gasto medio por intervención quirúrgica. Sin embargo, según recoge eldiario.es, el propio Departamento de Sanidad establece un coste medio de 40 euros por urgencia hospitalaria en la normativa que regula los servicios externalizados, una cifra sensiblemente inferior a la utilizada por el partido.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la respuesta del consejero Bancalero hacía referencia específicamente a ingresos en UCI, con una horquilla de costes situada entre los 1.175 y los 5.350 euros. Vox opta por aplicar una media superior sin detallar el criterio empleado para ese cálculo e incorpora además otras partidas, como consultas de especialistas o pruebas diagnósticas, sin un desglose concreto.

Incluso aceptando la cifra de 10 millones de euros, este importe supondría en torno al 0,35% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad, que en 2024 ascendió a cerca de 2.900 millones de euros. Un porcentaje reducido dentro del conjunto del gasto sanitario autonómico.

Los datos económicos disponibles apuntan, además, a una contribución relevante de la población inmigrante a las arcas públicas. El informe de la Fundación Basilio Paraíso, dependiente de la Cámara de Comercio de Aragón, concluye que el impacto fiscal de la inmigración en la comunidad es positivo o neutro. La población extranjera presenta una estructura demográfica más joven, con menor peso de personas mayores de 65 años, lo que reduce su consumo de recursos sanitarios y sociales.

En el ámbito sanitario, el gasto medio asociado a la población inmigrante es un 28% inferior al de la población española y representa solo el 2,1% del gasto total, pese a suponer el 17,6% de la población. En otras áreas, como el mercado laboral o la educación, la aportación de este colectivo es proporcional o incluso superior a su peso demográfico. El informe estima un superávit fiscal neto de unos 500 millones de euros en 2023.