La comisión de investigación sobre la gestión del coronavirus en Castilla y León y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad durante la pandemia ha quedado constituida formalmente este viernes, todo ello tras los numerosos intentos de la Junta, de PP y Ciudadanos, para trabarla y retrasarla.

Ha arrancado con divergencias de criterio en su objeto y en el listado de comparecientes. Mientras PP y Cs quieren citar a Salvador Illa y Pablo Iglesias, por sus respectivos cargos de ministro de Sanidad y vicepresidente de Políticas Sociales, el PSOE -impulsor por segunda vez de esta comisión, que en la primera ocasión no consiguieron sacar adelante- se centra en los responsables de Castilla y León, bajo el mandato de Alfonso Fernández Mañueco, quienes han tenido las competencias en los centros de mayores a lo largo de toda la pandemia del coronavirus.

“Hoy, por fin, se inician los trabajos de investigación para entender lo que ha sucedido en todo este tiempo en los centros residenciales de personas mayores de Castilla y León, donde han fallecido más de 4.000 personas”, señala en declaraciones a ElPlural.com Nuria Rubio, coordinadora de Familia del Grupo Parlamentario socialista y una de las representantes del PSOE en la Comisión. Rubio celebra que se constituya también después de “todas las trabas y palos en las ruedas” que han ido poniendo Partido Popular y Ciudadanos, que considera que “tenían mucho que ocultar y no querían que esto se supiera”.

En el mismo sentido reitera: “Creo que es un buen día para Castilla y para León, con muchas ganas de ponernos a trabajar, que es lo que queríamos hacer ya hace un año, y de esclarecer todo lo sucedido con el único objetivo de evitar que vuelva a suceder”.

Un camino lleno de trabas

La creación de esta comisión es un efecto colateral de la fallida moción de censura que planteó el PSOE en la Cortes de Castilla y León el pasado mes de marzo. Aunque los socialistas no consiguieron sacar a Mañueco e Igea de la Junta, sí consiguieron que la coalición perdiese la mayoría absoluta tras la salida de María Montero del grupo parlamentario de Ciudadanos.

En octubre de 2020 ya se había propuesto la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad, pero la mayoría que mantenía el Ejecutivo consiguió tumbarla. No ocurrió lo mismo con la misma iniciativa que presentaron el pasado 29 de abril, cuando PP y Cs ya habían perdido la mayoría y no consiguieron paralizarla.

No obstante, ya estando aprobada en Pleno, populares y naranjas apostaron por pedir una comisión de investigación “más ambiciosa” que la propuesta por el PSOE. Con ella, el Gobierno autonómico buscaba ampliar el objeto de análisis “a todos” para que la investigación fuera “aséptica” y no “intencionadamente parcial”, como juzgaban que era la impulsada por los líderes de la oposición.

PP y Cs insisten en investigar al Gobierno

Tanto Partido Popular como Ciudadanos siguen insistiendo en pedir la comparecencia del exministro de Sanidad Salvador Illa y la del exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. Muestra firme de que todavía siguen insistiendo en depurar las responsabilidades que la Comunidad tenía en las residencias, pese al mando único del Gobierno.

El portavoz de sanidad del PP, Alejandro Vázquez, ha pedido que no se haga una utilización partidista de la comisión y ha reprochado que no se investigue también lo ejecutado por el Gobierno Central, mientras que el portavoz del grupo de Ciudadanos, David Castaño, ha reiterado que debe conocerse el objeto final de la comisión antes de comenzar su andadura. “No estamos bloqueando la comisión ni tenemos intención”, ha insistido.

El objetivo de la comisión

Con la constitución de la comisión y con el nombramiento de Pedro Pascual, médico y procurador de Por Ávila, como presidente de la misma, las Cortes serán testigo de su cuarta investigación en esta legislatura. Los grupos abren ahora un trabajo interno de elaboración de un plan de trabajo en el que se detallará desde la petición de documentación hasta las comparecencias que se van a solicitar.

Como ha explicado a este medio Nuria Rubio, el único objetivo de esta comisión es que “se conozca todo lo que ha sucedido y los posibles errores que pueda haber habido en la gestión” y, con lo que se determine, se diriman todas las responsabilidades. “Vamos a llamar desde el primero hasta el último de los responsables y personas que hayan tenido alguna responsabilidad en todas las decisiones que se han tomado y también a todas las personas que puedan esclarecer algo de todo lo sucedido”.

“Ahora, la verdad ya es imparable y creo que es una buena noticia que podamos dedicar todo nuestro esfuerzo y tiempo para ver lo que ha sucedido”, remata Rubio.