Laura Borràs se va quedando sola en vísperas de la apertura del juicio por falsedad y prevaricación que tendrá lugar este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La expresidenta del Parlament ha visto como ERC y la CUP se niegan a participar del tradicional pasacalle de apoyo a los acusados por actos relacionados con el 1-O cuando se dirigen a la sede del TSJC y también ha sabido que el beneficiario del fraccionamiento de contratos firmados cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes está negociando con la fiscalía para señalarla a ella como responsable de todo.

A Laura Borràs le queda el apoyo formal de Junts y seguramente el partido conseguirá fletar algunos autocares de ociosos veteranos soberanistas de comarcas para aplaudir a la presidenta de la formación cuando suba las escaleras del TSJC. Lo relevante en este caso es conocer cuál será la actitud de Xavier Trias, el candidato a la alcaldía de Barcelona en el que descansan buena parte de las opciones de futuro de Junts. Borràs aseguró en una entrevista en TV3 que el candidato le había expresado su solidaridad, pero no supo decir si la acompañaría el viernes cuando acuda a su cita con la justicia. Trias ha advertido a su partido en diferentes ocasiones que no se pueden hacer “más tonterías” si se quiere aprovechar el pronóstico favorable de las encuestas y todo el mundo sabe a qué “tonterías” se refiere el candidato a la alcaldía.

El futuro de Borràs se ha ensombrecido a la misma velocidad con la que se le encumbró como gran esperanza blanca del independentismo más gesticulante. No hace tanto, aspiró a presidir la Generalitat, luego a dirigir Junts y finalmente intentó convertir la presidencia del Parlament en su castillo político para esperar la ocasión de recuperarse de sus derrotas. El descubrimiento de los Mossos, casi por casualidad, de la existencia de 18 contratos fraccionados durante cuatro años (de 2013 a 2017) en su etapa de presidenta de ILLC a nombre de un informático amigo suyo desencadenó una tormenta política que ahora llegará a su desenlace.

Desde el primer día, Borràs negó cualquier irregularidad y atribuyó el celo de la fiscalía a su condición de dirigente independentista, intentando sumar su caso a la “represión del estado” denunciada por el conjunto del independentismo. Sin embargo, ERC y la CUP se negaron a considerar su caso como uno más de los muchos relacionados con el Procés, relegándolo a la categoría de “corrupción política”. A partir de ahí, se le aplicó el reglamento de la cámara y se vio obligada a abandonar la presidencia del Parlament.

El caso Borràs ahondó todavía más la brecha entre Junts y ERC y la actitud final de los republicanos de no cumplir con el formalismo de arropar a la expresidenta en su trayecto hasta el TSJC no ha hecho sino confirmar el divorcio. Borràs les acusó de no respetar su presunción de inocencia y aseguró que nunca les perdonaría el haberse situado del lado de la justicia española, negándole la mínima solidaridad entre soberanistas.

De todas maneras, el futuro político de Borràs está muy comprometido, especialmente de llegar a un acuerdo Isaías Herrero con la fiscalía. El informático y amigo de Borràs tiene ya una condena por tráfico de drogas y quiere evitar su entrada en prisión por una nueva condena. De ser considerada culpable por el TSJC a Borràs solo le quedaría la presidencia de Junts. Este es un cargo casi testimonial dado que es el secretario general, Jordi Turull, quien gobierna el partido, y no es ningún secreto que ambos no están en la mejor de las sintonías. De no ser declarada inocente, su ambiciosa carrera política habrá durado unos seis años, al menos en esta primera etapa. La segunda deberá esperar 21 años, de aceptarse las tesis de la fiscalía.