Acción, educación, sensibilidad y compromiso, visibilizar la inseguridad que, consideran, se ha ido abriendo paso en los últimos meses en la capital vallisoletana tras varias agresiones LGTBIfóbicas, expulsar a la ultraderecha de las instituciones y combatir el odio que propugna, que puede estar legitimando a los agresores. Todo eso han reclamado en torno a doscientas personas este sábado en la Plaza Mayor de Valladolid, pero también que el símbolo de la bandera arcoíris ondee en el Ayuntamiento tras la sentencia del Supremo que lo avala, y que Castilla y León, única comunidad autónoma sin una Ley LGTBI, regule sus derechos.
Convocadas por Fundación Triángulo y acompañadas por concejales socialistas y de la coalición Valladolid Toma la Palabra, asociaciones feministas y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dos centenares de ciudadanos y ciudadanas se han dado cita precisamente ante las puertas del Consistorio que, denunciaba el manifiesto, ha invisibilizado las agresiones a una pareja de turistas hace solo unos días y otra hace poco más de un mes, además de la rotura de mandíbula que le produjo el puñetazo de un agresor a una joven de 21 años al grito de “lesbiana de mierda” en septiembre.
Redondo: “Estamos en un momento complejo a nivel global”
Desde Fundación Triángulo se denuncia la falta de contundencia de las instituciones ante las agresiones sufridas por estas personas en los últimos meses, y en concreto, del Ayuntamiento de Valladolid, que dirigen PP y Vox, que provoca que las denuncias de las víctimas, cuya valentía, consideran, no se ve respaldada, pierdan fuerza.
Todo ello se ve agravado por el hecho de que el alcalde actual, el popular Jesús Julio Carnero, ya haya anunciado que la bandera arcoíris no ondeará en el balcón del Ayuntamiento, a pesar de la sentencia del Supremo que la legitima.
Por su parte, la ministra Ana Redondo reitera la “tolerancia cero frente a esta violencia que cabalga de la mano de la extrema derecha”.
Redondo considera que “estamos en un momento realmente complejo desde el punto de vista histórico y a nivel global”, puesto que “la extrema derecha, en todo el mundo, pretende devolvernos a la caverna; pretende enfrentarnos, negar la diversidad de la sociedad española, europea y global, que es una sociedad diversa, en la que cada uno tiene que poder manifestarse como se siente y como es, con su propio proyecto vital; una democracia que se precie es una democracia que avanza”.
La ministra exige que la bandera LGTBI cuelgue de las instituciones, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valladolid, que se niega apelando a una legalidad “que no es real, porque el Supremo dice claramente que esta bandera es constitucional”, señala, y apela a la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, hasta hace poco cogobernada por Vox, para que apruebe “de una vez por todas esa ley LGTBI”, porque esta comunidad y esta ciudad están retrasadas en el respeto a la diversidad, a la igualdad y la democracia y derechos de todas y todos”.
