La gestión de las residencias por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa dejando estragos. La plataforma Pladigmare (Asociación plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo al considerar que la Comunidad de Madrid “ignora” las condiciones y requisitos para la acreditación de residencias de ancianos privadas que no tienen plazas concertadas.

En un comunicado que ha remitido la plataforma este viernes, se da cuenta de la queja interpuesta ante el organismo público, en la que denuncian la “actitud fraudulenta” del Ejecutivo madrileño en “271 residencias privadas que no tienen plazas concertadas pero que atienden a residentes con la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio”.

Desde la asociación, explican que la acreditación en este proceso es una “condición inexcusable” para que los centros geriátricos que deseen estar incluidas puedan atender a estas personas dependientes. Para ello, las residencias deben cumplir una serie de requisitos indispensables, destacando así las ratios de personal. En este sentido, Pladigmare pone el acento en que estas, desde 2023, son las que figuraban en la Resolución del 2 de diciembre de 2008 del Consejo Territorial de la Dependencia, en el que se estableció “0,28 para gerocultoras 28 gerocultoras por cada 100 residentes y 0,47 para todo el personal o 47 trabajadores por cada 100 residentes”. No obstante, la realidad en la autonomía es notablemente distinta: 0,35 para todo el personal, lo que se considera “absolutamente ilegal”, ya que “otorga la categoría de acreditadas a residencias que no cumplen los requisitos para ello.

Debido a esta exposición de motivos, en la queja ante el Defensor del Pueblo inciden en que el Gobierno madrileño “ampara y fomenta esta ilegalidad”, siendo los primeros y más afectados los residentes.

“La Comunidad de Madrid lleva 16 años ignorado, deliberadamente, las condiciones y requisitos establecidos para la acreditación de los centros residenciales privados que no tengan plazas concertadas -271 residencias con la PEVS o cheque servicio-, perjudicando notablemente la atención de las personas mayores dependientes que viven en residencias privadas sin plazas concertadas, puesto que las ratios de persona son fundamentales”, remarcan desde Pladigmare.

Reclaman que se respete “le legalidad vigente”

En estos términos, desde la asociación en defensa de los residentes mayores en Madrid, subrayan el hecho de que “ignorar” aquello que rige en los Acuerdos de Acreditación, además de “empeorarlos”, supone una “deslealtad institucional e insolidaria” con lo acordado, denigrando aún más las condiciones y calidad de vida de aquellas personas mayores residentes en estos centros de la autonomía.

Así las cosas, desde Pladigmare dan cuenta al Defensor del Pueblo de la situación y solicitan “que se actúe de la forma más conveniente” para que el Gobierno de Ayuso “respete la legalidad vigente” y que en las mencionadas 271 residencias privadas no concertadas se apliquen las ratios de personal establecidas en el Consejo Territorial de Dependencia con el único objetivo de que a los residentes se les pueda garantizar una atención de “calidad y los cuidados mínimos” previstos.

“Caso omiso” a la normativa de ratios

Lamentablemente, este escenario viene de lejos. Allá por el pasado mes de enero, la misma asociación ya denunció que el Gobierno madrileño hacía “caso omiso” de la normativa de ratios de personal, exigiendo entonces la dimisión de los responsables de los servicios de inspección en las residencias por el incumplimiento de esta regla.

Entonces, señalaron directamente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, departamento encargado de realizar estas tareas de inspección, haciendo mención a las mismas especificaciones del Acuerdo de Acreditación de 2008 -expuesto en líneas anteriores-.

Entonces, y atendiendo a la misma situación, agravada con el paso del tiempo, Pladigmare condenó “el desconocimiento de la ley” por parte del Ejecutivo autonómico: “No existe error posible en esto, sino complicidad o negligencia grave y por las consecuencias que tiene para los cuidados y atención que precisan las personas mayores que viven en residencias privadas acreditadas”, señalaron entonces.

Los servicios de inspección aplican una ratio de personal diseñada en 1990, pese a que en 2022, tal y como figuró en el Acuerdo de Acreditación publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se invirtieron más de 69 millones de euros para reformular el modelo vigente.

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