Finalmente, las familias y residentes han ganado frente a la especulación y el negocio a costa del detrimento de derechos y servicios. Ha sido en la residencia de titularidad pública de Usera, en Madrid, donde familiares, asociaciones y residentes se han opuesto rotundamente al cierre de la cafetería del centro que pretendía la empresa gestora, Macrosad, y han conseguido que la organización dé marcha atrás en sus planes.

Tras reunirse en una asamblea y convocar una concentración para este jueves para el caso de que la empresa gestora no informase por escrito de su intención de desistir del cierre del servicio de cafetería del centro, Macrosad lo ha hecho horas antes de que esta manifestación tuviese lugar.

Así, la empresa gestora de la cafetería ha comunicado al Consejo de Usuarios que ni se cierra la cafetería de la residencia de Usera ni se externaliza su explotación, con lo que el servicio continuará prestándose igual que hasta ahora. Por ello, la convocatoria de manifestación, que tenía planes de interrumpir el tráfico durante hora y media, ha sido desconvocada por los organizadores de la misma.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) fue una de las que mostró su apoyo a familiares y residentes frente a los planes de cierre de la cafetería ante la notificación de que a partir de este 1 de marzo se materializaría la clausura.

Por ello, se dirigieron a través de una carta a Óscar Álvarez, Director General de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid, señalándole las cuestiones por las que este cierre no se debía llevar a cabo y los efectos que ello tendría en los residentes, así como indicaban que iba contra el contrato suscrito por la propia Comunidad de Madrid.

“Esa cafetería es el principal punto de encuentro de los familiares y los residentes y sirve, para muchos residentes y sus familias, como salón de juegos de mesa. Su cierre, o empeoramiento del servicio que presta, sería un agravio más en el cuidado de las personas mayores que viven en la misma e iría en contra de la nueva filosofía, aprobada en el Consejo Territorial de la Dependencia, que consiste en pensar más en las necesidades de los residentes a los que se presta el servicio y menos en las necesidades de las empresas que lo prestan”, comenzaron la misiva.

En el mismo sentido, añadían: “Se quiere cerrar o externalizar el servicio porque no resulta rentable económicamente, pero no se ha valorado, para nada, ni se ha tenido en cuenta, para nada, el servicio que presta tanto a residentes como a familiares. De ser ciertas las noticias, se estaría procediendo a modificar de forma ilegal y unilateral el contrato suscrito con la Comunidad de Madrid”.

Para terminar, remarcaban: “El contrato tampoco contempla la posibilidad del cierre o la modificación, de forma unilateral por parte del contratista, de una instalación como es la cafetería. La residencia no es propiedad de Macrosad, sino de la Comunidad de Madrid”.

Desde Pladigmare mostraron al instante de tener constancia de la noticia su absoluto rechazo, y recriminaron que se estuviesen primando los intereses empresariales frente al bienestar y calidad del servicio que reciben los usuarios de la residencia: “Son personas, no son muebles. No están al servicio de las empresas, ni de las administraciones, sino que éstas existen para prestarles los cuidados que necesitan. Para ello, no se puede prescindir ni de sus deseos ni de sus necesidades”.

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