La Ley Trans se ha convertido en una de las protagonistas en la Comisión de Presupuestos celebrada este jueves en las Cortes valencianas. Coincidiendo con la aprobación de enmiendas por parte de Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos, la Ley Trans ha constituido uno de los puntos claves del debate. 

Lejos de los avances que se consiguieron en 2017 cuando entró en vigor la norma, los reajustes que ahora pretenden llevar a cabo el Ejecutivo de Carlos Mazón junto a sus socios de extrema derecha supone un retroceso en los derechos de las personas trans y una nueva cruzada del Gobierno valenciano con la que evidencia su negativa a garantizar el pleno derecho y libertad al colectivo.

A través de la enmienda presentada a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, con la que se modifica la Ley Trans, se tumba el artículo que prohibía inicialmente las terapias de conversión y ahora limita la prohibición únicamente a los casos en los que suponga una agresión para las personas. Asimismo, con la modificación impulsada por PP y Vox, los padres tendrán ahora potestad para prohibir a sus hijos menores de edad someterse al cambio de género y los centros educativos e institutos no podrán tener entre sus proyectos el abordaje de la identidad de género y diversidad sexual, eliminando también la obligación que tenían hasta ahora de evitar cualquier discriminación a las personas trans. 

A raíz de estos nuevos cambios en una ley que se posicionó como pionera en España en el reconocimiento de los derechos trans, la oposición en Les Corts ya ha adelantado que harán todo lo posible para que la enmienda siga su curso. Así, Cristina Martínez, portavoz LGTBI del PSPV-PSOE, ha advertido de las consecuencias que se pueden derivar de esta enmienda. “No es solo compartir el marco de la extrema derecha sino que también pone en peligro vidas, es dar vía libre a los discursos de odio como ha hecho el gobierno de Mazón desde el primer día y es un precio demasiado alto por mantener a Mazón en un cargo que ya debería abandonado hace meses”, ha señalado.

En la misma línea, desde Compromís, su portavoz LGTBI Cesc Roig ha adelantado que ya se encuentran tomando medidas para frenar el nuevo ataque del Ejecutivo valenciano a las personas trans. “El precio de ese pacto lo están pagando los más vulnerables y entre ellos las personas LGTBI y las personas trans les vamos a plantar cara en la calle con el movimiento LGTBI y también le vamos a plantar cara en los tribunales”, ha avanzado. 

Mazón, acusado de “desproteger” al colectivo trans

El acuerdo con sus socios de extrema derecha se produce semanas después de que desde la oposición advirtieran del retroceso de derechos que se estaban notificando como consecuencia de las políticas del PP valenciano. La secretaria LGTBI+ del PSOE valenciano, Marta T. Amat, acusó al jefe del Consell de "desproteger a las personas trans" tras haber empezado a "recortar los derechos de las personas LGTBI por la puerta de atrás", al hilo de las enmiendas presentadas en Les Corts valencianas a la Ley Trans.

Por ello, los socialistas ya exigieron la retirada inmediata de estas enmiendas que, sometidas a análisis por la asociación LGTBI Lambda, afectarían a principios tan fundamentales como la igualdad, la dignidad, la participación democrática y el acceso a la salud ya reconocidos en la legislación autonómica, estatal e internacional. En concreto, incluyen medidas que podrían tumbar los tribunales, como ya le pasó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al suponer un paso atrás en materia de derechos LGTBI "un claro menosprecio al colectivo y un grave retroceso de los derechos conquistados en los últimos años". "Da vía libre a los discursos de odio al eliminar el régimen sancionador y el respeto institucional a la identidad de género", denunció también Amat.