El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso, echa a rodar y lo hace con una densa nube de sospechas sobrevolando sus cabezas. De hecho, la propia presidenta está ya en duda por su relación con Avalmadrid. Pero no es la única, pues en la designación de los puestos correspondientes al Partido Popular, hay otros nombres vinculados a la corrupción, como es el caso de Pablo Balbín Seco.
Ayuso ha designado a Balbín como nuevo director General de Comunicación del Ejecutivo regional al que fuera máximo responsable de la Comunicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante la etapa de Íñigo Méndez de Vigo. Pero antes, el flamante fichaje de la dirigente popular, ya desempeñó un cargo en la Comunidad de Madrid.
Durante los años 2008 y 2015, Pedro Balbín Seco ejerció de Delegado de Medios en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero también desempeñó la labor de jefe de prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad, con Lucía Fígar a la cabeza. Fue durante estos años cuando, según la Guardia Civil, se vio involucrado en la trama Púnica.
Sospechas de la Guardia Civil
El 22 de septiembre de 2016 trascendió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En este texto, los investigadores arrojan sus sospechas sobre Lucía Fígar, consejera de Educación del Ejecutivo Regional desde 2007 hasta su dimisión en 2015, y sus vínculos con Alejandro de Pedro. De hecho, en el informe, los investigadores la acusan de ser la artífice de la contratación de De Pedro, conseguidor de la trama.
La famiglia y la Púnica. Pablo Balbín Seco, nuevo Director General de Comunicación de Díaz Ayuso. Es el mismo a quien la Guardia Civil le acusa de fraude, malversación y tráfico de influencias. Sin complejos ni vergüenza.https://t.co/QQmh4tyW9v
— Los Genoveses (@LosGenoveses) August 27, 2019
Pero la sombra de Fígar es alargada y salpicó a algunos subordinados suyos, como, por ejemplo, a su propio jefe de Gabinete, Pablo Balbín Seco. Para la UCO, “queda patente” que en la Consejería de Educación “se pagaba con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política” de Fígar, realizada por la empresa EICO – vinculada a Francisco Granados -.
Al final del informe, donde explican sus conclusiones, la UCO considera que los informes mensuales que elaboraba mencionada empresa para Fígar, sufragados con dinero público, “eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín”. Estas sospechas llevaron a los investigadores a acusar a Pablo Balbín de presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias.
