La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, se valió del Plan Especial de Protección de La Laguna para recalificar su finca familiar y darle un uso comercial del que, ahora, se ha beneficiado Mercadona, según eldiario.es.

La red de supermercados anunció este verano que invertiría del orden de 39 millones de euros para reformar seis tiendas y abrir otras tres en Canarias. Entre las nuevas edificaciones que prevé inaugurar Mercadona se encuentra el nuevo centro comercial de San Cristóbal de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El uso comercial de esta parcela, valorada en 4.580.000 de euros y con una superficie de 3.957 metros cuadrados, fue autorizado por la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, durante su etapa como alcaldesa de La Laguna.

En el año 2005, Oramas aprovechó el Plan Especial de Protección (PEP) para el casco histórico para recalificar este terreno, que era propiedad de su familia, pese a que el objetivo del Plan no era tal.

Hasta ese momento, el terreno era de uso residencial público y pertenecía a la compañía de Transportes Tenerife S. L., conocida como “la empresa de los Oramas”, según cita eldiario.es.

La empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC) fue la encargada de elaborar el PEP, documento que dio amparo al terreno de los Oramas para ser recalificado. Y es que, el documento elaborado para proteger el casco histórico incluyó como espacios protegidos otras zonas de la ciudad fuera del ámbito declarado como Bien de interés cultural. Entre otras, la finca en cuestión.

De propietario en propietario… hasta Mercadona

El abuelo de Ana Oramas, Leoncio Oramas, fue quien aportó la finca en el año 1977. Entonces e utilizaba como cochera de autobuses. Cuando en abril de 2007 se aprobó el Plan Especial de Protección, la empresa se disolvió en hasta siete entidades: “El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote). Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas”, explica eldiario.es.

Tras el reparto, dos meses después, todas las sociedades traspasaron sus porcentajes a Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L., que pasó a tener el pleno dominio de la finca. 

Fue el 27 de agosto de 2020 cuando Mercadona se convirtió en titular del pleno dominio de la finca.