De los resultados de los pasados comicios municipales en Vigo pueden sacarse dos conclusiones rápidas. Abel Caballero fue el ganador indiscutible con 101058 papeletas, lo que supone el 67,64% del número total de votantes, que les proporcionaron a los socialistas 20 representantes, de un total de 27. Por el contrario, la candidata del PP a la alcaldía, Elena Muñoz, se convirtió en la gran perdedora con tan solo 4 ediles y 20460 votos.

De esta manera el PP tocó fondo con el peor resultado en la historia de la democracia en la ciudad, con casi 50000 papeletas menos que en la cita municipal en la que consiguió mejor resultado, en 1995. Tras la debacle Elena Muñoz anunció la renuncia a sus cargos de concejala y presidenta del PP en la urbe, lo que no es en absoluto inesperada atendiendo a los precedentes. Sus antecesores, los exalcaldes Manuel Pérez y Corina Porro, renunciaron en 1999 y 2011, respectivamente, a sus actas de concejales.

Sin embargo, ni la salida de Corina Porro consiguió el efecto deseado, pues los populares siguieron perdiendo fuerza política en la ciudad hasta llegar a la situación actual. No obstante, si bien la dimisión de Elena Muñoz no supuso una sorpresa, las declaraciones del vicepresidente del gobierno gallego y brazo ejecutor de Feijóo, Alfonso Rueda, si implicaron un auténtico tsunami al reconocer que “lo normal es que haya más cambios en el grupo municipal".

Por tanto, es previsible que varios nombres se vean obligados a renunciar a su acta para dejar paso a otros perfiles más políticos. Además, el presidente del PP en la provincia, señaló que primero hay que formar la gestora, que dirigirá Corina Porro, y será esta la encargada de definir los pasos a seguir en las próximas semanas. Antes del día 15, cuando se forme la nueva corporación, el órgano gestor tendrá que decidir qué personas representarán al PP en el Ayuntamiento los próximos cuatro años.

Cambios de candidatos

Ante estos hechos el socialismo de la ciudad olívica ha reaccionado. El secretario general de PSOE de Vigo, Abel Losada, ha manifestado a ElPlural.com que “esto es una estafa democrática a la ciudadanía. La pregunta que surge es si el PP ya tenía pensado hacer esto independientemente de los resultados, es decir, si iba a cambiar el orden de la lista, y si tenía pensado hacerlo porqué presentó esta candidatura”.

Además, ha continuado el socialista, “no han expresado una razón convincente del motivo que va a provocar estos cambios y la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que se hace con su voto”. Asimismo, el secretario general de los socialistas vigueses ha aseverado que el PP está evidenciando que “desde los despachos de Feijóo y Rueda se están utilizando los votos de la ciudadanía de nuestra urbe para conformar un grupo de oposición, no a la medida de los intereses de los ciudadanos que les han votado, sino en función de los intereses del PP y, especialmente, al servicio de la supervivencia política de Alfonso Rueda como presidente provincial del PP en Pontevedra”.

Al mismo tiempo, Losada, ha afirmado que este hecho visto en el contexto habitual de la política occidental resulta incomprensible. “Es propio de un sistema totalitario”, ha categorizado el socialista. Para terminar, el responsable del partido del puño y la rosa, también ha cuestionado los criterios de selección que utiliza el PP para sus candidaturas, ya que “quiero pensar que no las confecciona en función de la valía, porque este cambio estaría totalmente injustificado, sino en relación a los intereses del partido. Es la única explicación al arma de engaño masivo en forma de candidatura electoral que ha presentado el PP en la ciudad de Vigo, en el que los que se presentaban no eran los que finalmente se van a quedar”, ha concluido Abel Losada.

Derecho a participar a favor de los ciudadanos

Lo cierto es que el proceso de nombramiento de los representantes electos en el ámbito local ha sido una de las conquistas de nuestro actual Estado democrático. El artículo 23 de la Constitución Española representa como ningún otro el valor esencial de la democracia, ya que recoge el derecho a participar en la vida política del país, al reconocer a la ciudadanía la legitimidad a intervenir en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Esto constituye uno de los derechos integrantes de lo que Jellineck definió como “status activae civitatis”, a través del cual el individuo desarrolla su perfil de ciudadano activo y participa en la vida pública. Por lo que el derecho a participar en los asuntos públicos se reconoce a favor de los ciudadanos, no de los partidos políticos. De ahí que el cese o expulsión de un representante electo de un partido político no sea causa de pérdida de su condición de representante.

Con estos mimbres es difícil justificar que los integrantes de una candidatura de un partido constitucionalista renuncien a sus derechos, en función de lo que parecen intereses de partido.