La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) es la única verdadera “estructura de Estado” existente en Cataluña. Se trata del ente público del que dependen las cuatro emisoras de radio -Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música e IcatFM- y los seis canales de televisión -TV3, 324, 33, Esport3,  TV3CAT y TV3HD- de la Generalitat, así como una importante participación accionarial en la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Sin duda se trata del más potente y completo grupo audiovisual existente en Cataluña, con un presupuesto global que en 2019 fue de casi 25.000 millones de euros.

Heredera de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), de la que fui consejero desde antes del inicio de las emisoras, en junio de 1983, hasta diciembre de 1996, la CCMA fue concebida por el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como una auténtica “estructura de Estado”, con una concepción fundacional mucho más nacionalista que realmente nacional. TV3 tiene muy consolidado el liderazgo de la audiencia televisiva en Cataluña, mientras que Catalunya Ràdio se sitúa en segunda posición en su sector.

En la actualidad la CCMA es un poderoso y muy influyente aparato de propaganda al servicio exclusivo del movimiento independentista. No solo en sus programas informativos; también lo es en el conjunto de su programación, por ejemplo en unos supuestos debates y tertulias de actualidad en los que lo habitual es que un único participante no independentista se enfrente a tres o cuatro intervinientes que sí lo son y que, por añadidura, cuentan con la segura complicidad del supuesto moderador o moderadora. También sucede en otros programas en los que, con la fácil excusa de que se trata de espacios de humor, se trata con desprecio e incluso se ridiculiza, humilla e insulta a cualquier político o personaje público no independentista -y en algún que otro caso, hasta a dirigentes independentistas críticos, como le ha sucedido a Joan Tardà recientemente.

Todo ello sucede en una CCMA con un muy grave déficit democrático en su máximo nivel de dirección, su Consejo de Gobierno. Integrado en principio por seis miembros, lleva meses con solo cuatro consejeros porque los dos que en su día propuso el PSC dimitieron y no ha habido forma de sustituirlos, y tres de los cuatro actualmente en ejercicio llevan mucho tiempo con sus mandatos caducados: solo la consejera propuesta por ERC tiene mandato vigente. Pero nada de esto impide que este reducido número de personas gobierne la CCMA con entera libertad y a su discreción. Poco importa que un consejero, en este caso el propuesto por el PP, lleve ya nada más y nada menos que veinticuatro años en el cargo, ni que otro consejero fuese propuesto por la ahora ya extinta UDC, ni que, por si acaso, en caso de empate la presidenta en funciones de la CCMA, la nacionalista Núria Llorach, tenga voto decisoria. Tampoco importa que el director de TV3, Vicent Sanchis, haya sido reprobado por la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña.

Un Parlamento que se considera habilitado y legitimado para abolir la actual Constitución Española y el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, para proclamar la independencia y la fundación de la República Catalana, pero que se manifiesta incapaz para cumplir y hacer cumplir sus propias leyes respecto a la CCMA. Incapaz, por ejemplo, de dar de una vez cumplimiento a su acuerdo unánime de elegir un nuevo Consejo de Gobierno mediante el apoyo de una mayoría parlamentaria cualificada, esto es consensuada entre los principales grupos representados en la cámara legislativa catalana.

En la actualidad la CCMA está de hecho exclusivamente en manos de JxCat y ERC. JxCat controla por completo TV3 y los restantes canales de televisión, con un director de Informativos designado por ERC, mientras que las emisoras de radio, encabezadas por Catalunya Ràdio, está dirigida por un profesional elegido por ERC, complementado también por un jefe de Informativos afín a JxCat. Es un “yo me lo guiso, yo me lo como” entre las dos grandes fuerzas políticas separatistas, con alguna que otra concesión a las CUP, que con ellas compone la mayoría absoluta parlamentaria, que no social, existente desde hace años en Cataluña.

Han pasado ya más de siete meses desde que, por unanimidad, el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que exigía la elección por mayoría cualificada, y por tanto por amplio consenso, de los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA. Pero la misma cámara que se arroga el “derecho a decidir” sobre la independencia de Cataluña incumple este mandato.

Es imprescindible y urgente el rescate democrático de la CCMA, el rescate democrático de unas emisoras de radio y televisión que están secuestradas en manos de las fuerzas independentistas, y que no son, por tanto, verdaderos servicios públicos sino meros instrumentos de propaganda al servicio único de la causa separatista.