Sara Gómez murió en enero de 2022 a los 39 años, tras someterse a una lipoescultura. Ingresó en la UCI en diciembre con tres decenas de perforaciones en diferentes órganos: riñones, colon, intestino e hígado. Su nombre ha resonado esta semana en la Asamblea de Murcia, porque, según ha expuesto la diputada de Podemos María Marín, el hospital en el que encontró la muerte, el Virgen de la Caridad de Cartagena ha obtenido por parte de la consejería que lidera Juan José Pedreño la licencia de la que carecía cuando intervino a esta joven. La Fiscalía ha reconocido que el centro no tenía el permiso U-47 que se exige para operaciones de cirugía estética como la que se practicó a Sara. 

“El cirujano no tenía la formación requerida, el anestesista no tenía la compatibilidad para estar allí”, ha recordado durante la sesión plenaria Marín, subrayando que los dos están procesados por homicidio imprudente.

¿Por qué no lo detectó la inspección sanitaria? ¿Por qué se permitió a la clínica operar sin licencia? ¿Desde cuándo funcionaba al margen de la ley?”, se ha preguntado esta diputada, enfatizando que el hospital “siguió operando sin licencia”.

Esto llevó a que otras mujeres como "Ainhoa, Yngrid y Olga", también fueran operadas sin el permiso pertinente en 2024 y "sufrieran graves secuelas”. Esto lo “permitió la inspección sanitaria, la consejería de Salud”, ha recalcado Marín, detallando que, no contenta con eso, el gobierno regional ha premiado al centro concediéndole la licencia de la que carecía. "El pasado 25 de agosto usted le concedió al Virgen de la Caridad la autorización que no tenía como premio”, ha dicho dirigiéndose al titular de la cartera de Sanidad. “¿Se da cuenta de lo grave que es esto? Es como si a un conductor kamikaze que mata a una persona lo dejamos seguir circulando y de premio le damos el carnet”, ha argumentado. 

Marín ha invitado al consejero a marcharse: “Dimita, señor Pedreño. Usted no trabaja por el interés general, usted trabaja para los dueños del Virgen de la Caridad, usted trabaja para el Grupo Ribera”.

En este contexto, la diputada de la formación morada ha detallado que este grupo "factura más de 800 millones de euros al año", por lo que "puede comprarse un consejero y todo lo que quiera". Sin embargo, ha insistido, "lo que no van comprar es a esta diputada, ni tampoco la dignidad de la familia de Sara Gómez”. “No vamos a parar. Vamos a ser la voz de Sara hasta que haya justicia”, ha concluido. 

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