José Montilla será el primer ex presidente de la Generalitat que renunciará a su pensión como tal para poder cobrar un nuevo sueldo como miembro del consejo de administración de Enagás, si finalmente su nombramiento es aprobado. Su decisión ha encendido los ánimos en el Parlament que se dispone a reconsiderar la vigente ley de expresidentes a propuesta de En Comú Podem, aunque al final tal vez todo acabe en un debate sobre la ética y la estética de la política, como ya dejado caer Eduard Pujol, de JxCat. Miquel Iceta ha avanzado que el PSC no está por reformar la ley y que a su juicio la decisión de Montilla no constituye exactamente un caso de puertas giratorias dado el tiempo transcurrido desde que dejó sus cargos como ministro y presidente de la Generalitat.

Las oficinas de los ex presidentes y sus pensiones son objeto de discordia periódicamente; habitualmente cuando se aprueban los presupuestos de las mismas o se actualiza el valor de las pensiones. Así sucedió hace pocas semanas, cuando la cantidad (inicialmente el 60% de lo que cobraron cuando estaban en el cargo) se incrementó en un 0,2% aprovechando un decreto sobre medidas urgentes para paliar los efectos de la pandemia. El decreto obtuvo 69 votos a favor y 65 en contra, incluidos los del PSC.

El día anterior a este acuerdo parlamentario, el presidente del TSJC, Jesús Maria Barrientos, solicitó opinión al ministerio fiscal sobre la consideración de los honorarios correspondientes a Artur Mas a efectos de la inhabilitación ya cumplida. Y unos días después, se conoció la decisión de José Montilla de aceptar la oferta del presidente de Enagás, Antoni Llarden, para ocupar un sillón en el consejo de la Empresa Nacional del Gas, privatizada en 1994. La fiscalía acaba de comunicar al TSJC que las retribuciones de Artur Mas como ex presidente deben considerarse como una compensación por sus años en el cargo y no una retribución por el trabajo realizado después, por lo tanto quedarían al margen de los efectos de la inhabilitación a la que fue condenado por el 9-N.

El fuego prendido por la última actualización de la pensión al IPC en plena crisis del coronavirus, luego avivado por los planes de Montill, a sigue muy vivo. Si En Comú Podem quiere reformar la ley aprobada en 2003 para impedir que los beneficiarios del estatuto de expresidente puedan sentarse en consejos de administración del IBEX35 (la actividad laboral complementaria ya la tienen prohibida), Ciudadanos, partido contrario tradicionalmente a estas oficinas y sueldos, irá más allá para pedir la supresión de todos los privilegios.

La supresión será difícil que prospere. Una cosa es aprovechar la decisión de Montilla para criticar las puertas giratorias y desgastar la figura del ex presidente y ex ministro de Industria, Turismo, y Comercio y otra muy diferente aceptar por parte de los partidos de gobierno catalanes  y los aspirantes a serlo (JxCat, PSC, ERC, ECP) que hay que eliminar una ley aprobada con la intención de fortalecer la dignidad del cargo de los presidentes de la Generalitat aun cuando lo abandonan.

De los cuatro ex presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol renunció a la oficina y sus privilegios en 2014, al poco de explotar el escándalo de sus cuentas en Andorra; la oficina de Pasqual Maragall se mantiene bajo mínimos por motivos de salud; la de José Montilla se quedará sin inquilino bien pronto, se si cumplen las previsiones; solo la de Artur Mas funciona con normalidad porque Carles Puigdemont renunció a los beneficios de la ley cuando se instaló en Bruselas para evitar a la justicia.

Montilla se va al sector privado a ganar aproximadamente el doble de lo que le corresponde como pensión presidencial. Ha anunciado que renunciará a la misma y ha acusado de mentir a quienes le acusan de querer utilizarla oficina institucional para actividades privadas. De todas maneras, deberá comparecer ante la comisión de asuntos institucionales del Parlament para explicarse. El debate se centrará en si puede mantener abierta la oficina de ex presidente a pesar de no percibir pensión y estando dedicado a los asuntos propios de un consejero de Enagás.

En el fondo, la polémica girará en torno a la decepción nacional creada por un ex presidente que se muestra dispuesto a cambiar la pensión ligada a la dignidad del cargo de un Muy Honorable Presidente por un sueldo mejor. Después de afearle su decisión por la renuncia institucional llegará el turno de analizarlo a la luz del fenómeno de las puertas giratorias y los políticos que las cruzan para sentarse en consejos de administración sobre los que un día tuvieron alguna autoridad. O más bien, hasta cuando rige el anatema de utilizar dichas puertas, si es que deja de regir en algún momento. Miquel Iceta, para negar que Montilla vaya a cruzarla, apeló a los 14 años que le separan del cese como ministro y a los 10 cumplidos desde que dejó el Palau de la Generalitat.