Los familiares de las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid, que lamentan haber perdieron algún ser querido debido a los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de personas mayores que se encontraban en residencias a hospitales para recibir atención sanitaria en lo peor de la pandemia del Covid-19, ven cada vez más cerca la posibilidad de que se haga justicia.
Responde al otro lado del teléfono la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, habitual en la lucha contra los documentos a los que relacionan con el fallecimiento de 7.291 personas en marzo de 2020. “Siempre es una buena noticia”, responde a la sensación que les deja los últimos avances de las investigaciones, que sentarán en el banquillo a Carlos Mur, firmante de los papeles, a petición de un juez de Getafe.
López se mueve a medio camino entre ese optimismo que desprende al descolgar el teléfono y la cautela que le ha dado la experiencia de estos ya seis años. “Veremos cómo se materializa todo al final, pero las buenas noticias siempre se reciben de buen agrado”, manifiesta. “No podemos dudar de que ésta lo es”.
La representante de la plataforma sitúa el principal avance del magistrado getafense en que la persona que puso su rúbrica a los bautizados como protocolos de la vergüenza acudirá al juzgado como investigado. “Ya no van como testigos”, aplauden, como sí ocurría en las anteriores querellas impuestas por Marea de Residencias.
Esto último “es mucho mejor” para ellos, asegura. “Sabemos que lo que hay ahora mismo son investigaciones preliminares en los juzgados (…) Y esto es un paso más”, aunque, insiste “seguirán esperando mientras no haya una vista”.
“Se los tiene que juzgar realmente por todo lo que se está analizando, todo lo que ha salido a la luz…Que son cosas que ya sabíamos porque llevan mucho tiempo sobre la mesa, pero parece que cada vez está, o debería estar más claro para los jueces”, dice en referencia a los datos que han arrojado no solamente los documentos que centran la polémica, sino el resto que han ido apareciendo durante todo este tiempo en los medios de comunicación y que arrinconan cada vez más al equipo de entonces de la administración Sol, además de otros responsables sanitarios o que tomaron decisiones en el mismo espacio tiempo.
López no deja de lado la macrocausa, y es que el próximo mes de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) podría revertir el escenario que venía dándose y que había supuesto un varapalo para los demandantes, abriéndose a que el conjunto de la investigación recaiga en un solo juzgado. La representante primera de la plataforma asevera que lo contrario “es una locura para todos, para los imputados y para los jueces, ya que cada uno tiene sus propias líneas de investigación”.
El firmante de los documentos, al banquillo
El magistrado que sentará en el banquillo a Mur lo hace por un posible delito de prevaricación y como consecuencia de una denuncia interpuesta por el PSOE. El magistrado amplía la denuncia que presentaron los socialistas, eso sí, de forma parcial, al entender que la investigación se debe acotar “a la orden que se hubiera transmitido el Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”, escenarios afectados en este caso por las actuaciones contra las que los damnificados ponen pie en pared.
Las competencias se amplían a las que pudieran haber tenido otras personas que en aquel momento fueran altos cargos sanitarios del equipo ‘popular’. Entre ellos aparece, por ejemplo, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien estuviera en el seno del Ejecutivo hasta julio de 2023 (a Mur lo cesaron de manera fulminante a los dos meses del inicio de la pandemia, cuando las denuncias empezaron a llegar).
El punto competencial es importante, porque con su matiz, el juez entiende que los socialistas pretenden que se investiguen unas órdenes que “afectan a todo el territorio” madrileño y que “fueron emitidas y confeccionadas a la localidad de Madrid. Estas órdenes tenían únicamente “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, siendo ello en lo que se ampara el juez para declarar “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia que solicita el PSOE.
El partido en la oposición de Madrid, por su lado, pide ejercer la acusación popular en esta causa y sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios, pero también tienen cabida en la categoría de prevaricación administrativa.
Con todo, apremian a que se “investigue adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos (…) así como las decisiones de no medicalizar las residencias, que nunca llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, concretamente del de prevaricación”.