El día a día de una residencia de mayores se visualiza a través del movimiento constante en sus pasillos: cambios de turno del personal, residentes de aquí para allá, atención médica, comidas y una rutina marcada al transcurso del reloj. Una tónica que, desde fuera, puede no mostrar signos de deficiencias; pero, en la otra cara de la moneda, la respuesta de sus profesionales se traduce en cansancio, hastío y sobrecarga ante un horizonte que no se prevé mejorable a corto plazo.
El personal insuficiente, atención sobresaturada a los pacientes, claroscuros con las ratios oficiales y la privatización del sistema son los ingredientes de una receta que dan muestra del estado de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Una situación que ya venía de lejos de por sí empeoró con el golpe de la pandemia de coronavirus y que, a día de hoy, no ha atravesado mejoras de calado.
En clave de necesidad para dar respuesta a un problema estructural en el modelo de gestión y organización de estos centros geriátricos, este martes, la asociación de residencias Pladigmare, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT y voces de Más Madrid se dieron cita en un acto que presentó el informe Estudio sobre el personal mínimo en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid: propuestas de ratios reales para vivir y trabajar con dignidad.
La razón de ser del informe radica en que las ratios vigentes son claramente insuficientes para atender a las necesidades de los residentes y que, a su vez, esta falta de personal repercute en la calidad de los cuidados y el buen funcionamiento de las residencias.
Desde Más Madrid, cuya presencia en el acto contó con la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y la diputada Diana Paredes, subrayaron que el modelo asistencia elaborado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de la región está basado en “la privatización de los cuidados de las personas”, el cual, según expusieron, “vulnera cada día el derecho a unas condiciones laborales dignas de las trabajadoras y el derecho a una atención digna a los residentes”.
Ratios, privatizaciones y un modelo insuficiente
El punto de principal discusión se sitúa en la disparidad de las ratios -número de trabajadores en plantilla por cada 100 residentes- según se mire en el ámbito global (SAAD) como en el autonómico madrileño. Desde el primero, la media se sitúa en el 0,41 según lo exigido en 2011 pero, en 2022, se aprobó una subida progresiva hasta 2029, situándose este 2026 en 0,37 para gerocultoras y 0,45 para atención directa conjunta.
Una estructura que choca con la aplicada en la Comunidad de Madrid, donde se presenta disparidad de cifras por sus múltiples regímenes, según el tipo de centro, situando como ejemplo las 18 residencias públicas de gestión privada con una media de 0,37 (gerocultoras) y 0,71 (plantilla total). El informe alega “falta de coherencia” debido a la dispersión dentro de la misma tipología de gestión, puesto que los centros cuentan con requisitos distintos unos de otros.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 507 residencias con 55.308 plazas. Entre ellas, se establecen diferencias de calado según su gestión:
- Públicas de gestión pública: 25 autonómicas con 6.430 plazas de AMAS, además de otras nueve municipales con 416 plazas.
- Públicas de gestión privada: 18 de propiedad autonómica con 2.668 plazas y 13 de ayuntamientos con 1.132 plazas.
- Concertadas: 33 en el Plan de Velocidad con 2.189 plazas y 111 del Acuerdo Marco con 8.839 plazas.
- Privadas: 298.
Las cifras no dan lugar a dudas: el 92,28% están gestionadas por empresas privadas, frente al 6,72% que corren a cargo de lo público. Sumado a las condiciones de las trabajadoras, ya de por sí “difíciles” con “salarios bajos rondando los 1.000 euros por una jornada laboral completa”, así como “la elevada contratación a jornada parcial” y “la falta de reconocimiento social”, siendo el 85% de la plantilla mujeres, el sector en la Comunidad de Madrid afronta una “situación crítica que requiere de intervención urgente”, reitera el informe.
En aras de oxigenar este escenario y encauzar hacia un modelo sostenible y eficaz, la propuesta del informe incide en que las ratios han de entenderse en cuanto a las trabajadoras físicas en la residencia, no tanto por la aplicación en su teoría, de ahí que tachen de “engañoso” la metódica aplicada en la región. Motivo por el cual, proponen establecerlas según las tres jornadas laborales hábiles, cuando en la Comunidad de Madrid son por la mañana y tarde de 7,5 horas, respectivamente, mientras que el turno de noche son 9 horas. Con ello, en términos de ratios, las gerocultoras deberían tener 1,32 en total (Mañana, 0,57; Tarde, 0,53; y Noche, 0,22). El informe, al tiempo, reitera que las aplicadas en la región son “ratios equivalentes” por lo que la presencia física que garantizan “es bastante menor a lo que los números representan”.
Llegados a este punto, quizá con menos números y más ejemplos prácticos se entienda la realidad diaria de los trabajadores de residencias. Por las mañanas, el personal se encarga de levantar, duchar, dar el desayuno y comida de los residentes; por la tarde, traslados, registros, cena y atención al personal; mientras que, por la noche, recena, cambios de pañal, limpieza y demás funciones.
Sumado a la urgencia que precisa la intervención en las ratios, el informe apunta a otras medidas necesarias sobre las que actuar, entre las que destacan que menos del 80% de estos empleos serán indefinidos, impulsar una formación permanente, la vigilancia de la calidad asistencial, que el criterio económico no sea determinante para la adjudicación o la calidad de los menús para los residentes, entre otras claves.
“Abordar estos problemas no solo mejorará la calidad de vida de las trabajadoras, sino que también garantizará una mejor atención para los residentes, beneficiando a toda la comunidad. Es necesario un cambio radical en la gestión del sector, con una mayor inversión en recursos humanos, una mejora de las condiciones laborales y un reconocimiento social del valor del trabajo que realizan las trabajadoras”, abunda el estudio, en el que cabe remarcar que han participado 700 trabajadores en activo.
