La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere apagar el incendio generado en las universidades públicas de la región, que se encuentran al borde de la quiebra por la infrafinanciación, con una subida del presupuesto que se ubica muy por debajo de lo contemplado en la propia ley madrileña. Después del escándalo político por el cese del anterior consejero del ramo y miembro de ‘Los Pocholos’, Emilio Viciana, y la paralización de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), la lucha se sitúa en el ámbito de la financiación.
El Gobierno del Partido Popular (PP) ha empezado a airear, a modo de globo sonda, un supuesto incremento del presupuesto para los próximos años que, en la traslación a cifras, significaría una subida más que escasa, además de alejada del 1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) regional que mandata la norma. Un cúmulo de cifras absolutas que, separadas del proyecto, pueden parecer más que suficientes, pero que están lejos de cubrir las necesidades de los centros para desplegar una educación superior de calidad.
No nos contentamos con sobrevivir con meras migajas
“Es engañoso lanzar datos económicos descontextualizados, o datos de subidas interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha fraguado en al menos dos décadas”, denuncia la plataforma en defensa de la universidad, que aúna a las seis pública madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos). El plan plurianual de Ayuso implicaría, de media, un incremento anual de unos 72 millones de euros en los próximos cinco cursos, a repartir entre las seis, por debajo incluso del parche aprobado para 2026 y ubicando el total tras el periodo en 1.600 millones.
“Si estimamos un crecimiento del PIB de la Comunidad de Madrid del 3% durante los próximos años, estimación conservadora, esos 1.600 millones de euros en 2030 seguirían representando en torno al 0,4% del PIB”, denuncian desde la plataforma, temiéndose que los rectores puedan pasar por el aro con este ascenso pírrico. Además, estos 72 millones anuales hay que dividirlos entre las seis universidades públicas, lo cual supone que cada universidad recibiría en torno a 12 millones, lo que para la comunidad universitaria es “una cuantía claramente insuficiente para paliar la asfixia".
Quieren terminar de desguazar la universidad pública, en favor de las privadas
“Ni siquiera revierte el volumen del plan de Recortes de 33 millones de la UCM o el déficit de 76 millones de la URJC. De hecho, las universidades públicas madrileñas siguen cerrando sus ejercicios con déficits muy superiores, lo que evidencia que la medida está lejos de resolver el problema estructural de fondo”, ahonda la plataforma en un comunicado conjunto de los diferentes centros. “Esta propuesta presupuestaria plurianual refuerza la asfixia económica y, ante una financiación pública insuficiente, sigue sentenciando a las universidades públicas madrileñas a implementar recortes duros durante los próximos 5 años”, trasladan.
Una financiación justa para frenar la deriva privatizadora
La comunidad universitaria tiene muy claro que la voluntad de la propuesta difundida por el equipo de Ayuso es la de “terminar de desguazar la educación universitaria pública madrileña, en favor de las privadas”, y exigen que se cumpla la ley. Esto significa que, de cara a 2030, se alcance el 1% del PIB de financiación, que se traduciría en “al menos doblar el presupuesto actual”.
“La subida que se está comentando supone solamente un 14% de la subida que exigimos. Alcanzar el 1% del PIB implica un apoyo siete veces mayor de esa cifra, de aquí a cinco años”, trasladan. “No nos contentamos con sobrevivir con meras migajas”, defienden, reclamando que “la educación universitaria y la producción de conocimiento deben volver a ser servicios públicos y dejar de ser negocios basados en el lucro”. Una apuesta clara que anticipa que no transigirán con una subida cosmética y más que insuficiente.
“No aceptaremos nada que no pase por empezar a revertir las tendencias de fondo que han llevado a que la Comunidad de Madrid sea la primera comunidad en privatización del sector y la última de las 17 en todos los indicadores fundamentales: trasvase de estudiantes y personal a las universidades privadas, bajos salarios, caída de oferta de plazas y cierre de grados, esfuerzo público autonómico, inversión por estudiante, precios públicos de matrícula”, apunta la plataforma.
Asimismo, anticipan a los líderes madrileños, de igual manera que a los rectores que comandan sus universidades, que “si hacen anuncios oficiales que vayan en contra de los objetivos mínimos que tenemos” se reunirán de urgencia “para organizar y convocar las movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados”. “Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz ni para rectores ni para políticos”, zanjan.
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