La vivienda de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene la nuda propiedad en el barrio madrileño de Chamberí, es a su vez la sede de una sociedad durmiente denominada ‘Ayuso Lahoz S.L.’, cuyo objeto social es el "comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico", según ha podido consultar ElPlural.com a través de Axesor.
Esta vivienda, de aproximadamente 90 metros cuadrados y situada en la calle General Martínez Campos, fue una donación de sus padres a la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, que se produjo cuando una de las empresas familiares de los Díaz Ayuso, MC Infortécnica S.L., empezó a no poder hacer frente a las deudas contraídas con la empresa semipública Avalmadrid a raíz de un préstamo de 400.000 euros impagado. El objetivo de la donación era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores, lo que constituiría, a su vez, un presunto delito de alzamiento de bienes que el Tribunal Supremo decidió no investigar. A día de hoy, Díaz Ayuso sigue siendo la propietaria del inmueble con la nuda propiedad y los acreedores de sus padres siguen sin ver saldada la deuda. El piso está valorado en aproximadamente 752.000 euros, según la tasación que se desprende del portal inmobiliario Idealista.
Una sociedad durmiente
Esta vivienda es la sede de ‘Ayuso Lahoz S.L.’, dedicada a la compraventa de material médico. La empresa, participada por familiares directos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, está, según un informe remitido por la consultora Axesor, con “indicios de inactividad”, es decir, en estado durmiente. Casualmente, el mismo estado en el que se encuentra la empresa que Ayuso mantiene junto a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y que también se dedica al sector sanitario. Y es que Isabel Díaz Ayuso posee el 50% de Sismédica SL, una sociedad limitada que desde 2014 no cumple con la obligación legal de presentar sus cuentas anuales al Registro Mercantil. En su objeto social, la empresa incluye la “compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”.
A este tipo de sociedades como Ayuso Lahoz S.L. y Sismédica S.L. que están en estado de “inactividad” se les denomina “sociedades durmientes”, es decir, que teóricamente están “inactivas” pero pueden volver a operar cuando sus titulares quieran. O dicho de otro modo, pueden emerger de pronto si sus titulares la consideran útil para un negocio o conveniente para cualquier asunto.
“Las causas de dejar a las sociedades sin actividad pueden ser motivos fiscales, puede ser que estén esperando a algún momento o evento para su actividad, o porque prefieren dejarla para evitar realizar los trámites de liquidación (independientemente de que no tengan intención de volver a activarla)”, explican desde 'Gestion.org', una asesoría de divulgación y formación enfocada al mundo empresarial.
En la misma calle que el ático de lujo que compró la Comunidad de Madrid
Por otro lado, también es llamativo que este piso está enfrente, en la misma calle, que el ático que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adquirió en abril de este año para hacer las veces de oficina, según fuentes del propio Gobierno madrileño. Inmueble que, 24 horas después de que saltara a todos los medios dicha información de la mano de una exclusiva de ElPlural.com, decidían vender. Una rectificación que aporta algo de luz sobre el destino inmediato de la vivienda, pero no despeja las principales incógnitas sobre una compra ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid sin publicidad previa, sin partida identificable en las cuentas y con la intención inicial de convertir una vivienda de uso residencial en una oficina para la jefa del Ejecutivo y parte de su equipo.
En este inmueble, de 485 metros cuadrados, la dirigente del Partido Popular madrileño desempeñaba sus funciones durante las obras de la Real Casa de Correos. A su vez, estas dos viviendas se ubican en las proximidades de los pisos en propiedad de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, también salpicados por la polémica de los delitos fiscales cometidos por el empresario y también puesto a la venta por casi 2 millones de euros por la pareja de la dirigente autonómica.
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