Seis millones, una subasta desierta y 224 páginas que no explican el ático de Ayuso

Huir hacia delante: un ático de seis millones, una subasta desierta y un expediente que genera más dudas de las que resuelve

Las sospechas de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha intentado agenciar de tapadillo una residencia presidencial por valor de varios millones de euros y que, al ser descubierta la operación, se ha prescindido de la vivienda para no quedar mal ante el vulgo, se han instalado en la opinión pública. Después de un par de meses en los que el caso del ático ha ido adquiriendo nuevos matices, se puede echar la vista atrás y contemplar la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid como una de las huidas hacia delante más extrañas que se recuerdan en la política patria.

En aproximadamente 48 horas, la operación pasó de ser alto secreto a estar abriendo todos los periódicos españoles. La Comunidad de Madrid había comprado, a través de la empresa pública Planifica Madrid, una vivienda de lujo por 6,3 millones de euros en el centro de Madrid, con el objetivo de convertirla en la residencia de Isabel Díaz Ayuso. Al conocerse la información, el Gobierno de la comunidad capitalina decidió optar por la versión de que se había adquirido para convertirlo en oficinas para el equipo de Sol. Tras la publicación del expediente de la vivienda esta semana, además, ha quedado patente que el uso que se le iba a dar a este inmueble era residencial, y en ningún momento se menciona su carácter como posible oficina ni se habla de las obras de la Real Casa de Correos, excusa que el Gobierno madrileño planteó inicialmente para justificar la compra de esta vivienda. Los miembros del gabinete de Ayuso quedaron descolocados cuando se descubrió el preciso plan que habían urdido, planteándose cómo podría haberse filtrado a la prensa.

La operación del ático la conocían, presuntamente, muy pocas personas. Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; y la consejera de Economía, Rocío Albert López-Ibor. El movimiento se produjo de forma opaca, sin pasar por el Consejo de Gobierno ni por ningún otro organismo, y le había costado más de 6 millones de euros a las arcas públicas. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que alguien lo filtró a El País, y el equipo de la presidenta empezó a elucubrar sobre que había tenido que ser alguien muy cercano, que conociera la operación. Al haber sido pillados, tocaba hacer algo al respecto, y la decisión tomada fue, simplemente, intentar huir hacia delante y deshacerse del ático.

¿Oficinas? ¿Subasta?

En apenas unas horas las mentes pensantes del Gobierno madrileño decidieron que había que deshacerse del piso. Lo primero fue desmentir que se tratara de una vivienda, sino que lo iban a utilizar como oficina, en una versión que se ha contradicho conforme han ido pasando las semanas. Que eran oficinas, no un piso para vivir, y que además, ya no lo necesitaban, así que lo pondrían a la venta a través de subasta para, con el dinero obtenido, "ayudar a las labores de reconstrucción de los incendios". Cuando Ayuso pronunció esas palabras en la Asamblea, la oposición se echó a reír. Hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en una entrevista que fue conocedor en abril de que iban a hacer esta compra.

"Nunca le dimos importancia a este asunto. Había que decidir en octubre. Anda que no tenemos asuntos gordos", aseguraba una fuente cercana a Ayuso, que también señalaba, después de ser descubiertos: "Ese piso no creo que tarden más de cinco días en venderlo, y encima ganar dinero. Que le den". El mismo dinero público que había costado la vivienda se pretendía recuperar ahora con un comprador privado a través de la subasta. Pero no todo podía salirle tan bien al Gobierno madrileño y la puja ha quedado desierta. Ningún fondo de inversión ni millonario de los que campan a sus anchas en el Madrid de todos los acentos se ha atrevido a poner un duro para la vivienda más polémica del verano, a pesar de que las adquieren como churros todos los días y de que complican por deporte el acceso a las mismas de millones de ciudadanos. No ha habido manera de encontrar un comprador que hiciera las veces de chivo expiatorio, y la encrucijada en la que estaba el Ejecutivo madrileño, lejos de desinflarse, se ha acentuado.

El expediente y los peligros de los temas tabú

La Consejería de Presidencia entregó el jueves a los periodistas un pendrive con el expediente de compra como memoria justificativa de la operación con la intención de que todas las dudas quedasen despejadas y reinase la transparencia. Pero claro, no fue así.

En las 224 páginas que componen el informe, no hay una sola línea que justifique la necesidad de comprar la vivienda, ni permite rastrear por qué se eligió precisamente esa, ni se menciona en ningún momento el carácter de oficina que el Ejecutivo madrileño intentó conferirle de primeras, ni se hace alusión a las obras en la sede central que justificaban, a priori, la búsqueda de un nuevo lugar de trabajo. Nada. Tampoco de que la vivienda se ubique en uno de los barrios predilectos de la dirigente 'popular', ya que su madre vivía en la misma calle, justo enfrente. Además, los documentos se escanearon y entregaron en un único PDF, lo que impedía trazar los metadatos de las páginas y, por ende, no es posible saber cuándo fueron creados o modificados.

En el PP de Madrid podría escucharse un alfiler caer al suelo. El hermetismo se ha convertido en el absoluto protagonista: nadie quiere hablar del ático, ni que pueda demostrarse más adelante que se ha hablado del ático. Todo el mundo tiene miedo de ser señalado como el responsable de la filtración, aunque circulan teorías de que el asunto llegó a Génova, donde la información no se custodió con tanto cariño como para hacer de ella una operación cuasi secreta, y que ya sea por descuido o con dolo, saltó a la prensa. El viernes, Ayuso atendió a la prensa en un estado de tensión sin precedentes incluso para alguien que suele ser un manojo de nervios ante las cámaras, y dio unas explicaciones muy insulsas. Fuentes internas lamentan que ha sido un error echarla así a los caballos, pero claro, que no ha habido otro remedio, porque los tiempos que ha impuesto la prensa y la oposición al descubrirse el pastel no eran los que el PP tenía entre sus planes. Claro, haberlo pensado antes.

Planifica Madrid fue la vía por la que el Gobierno madrileño intentó realizar la operación, una sociedad mercantil de carácter público y de derecho privado que funciona como una empresa y no como un órgano administrativo. La mayoría absoluta del PP ha sido utilizada en innúmeras ocasiones para sacar adelante iniciativas parlamentarias que han levantado muchas ampollas o para vetar otras de la oposición, pero para proceder con un movimiento así, el encargado de fiscalizarlo es la Intervención General de la Comunidad de Madrid, ante la que la mayoría absoluta del Partido Popular no surte efecto. Haber pasado por este organismo hubiera implicado algún pero y se hubiera cuestionado si la compra de la vivienda era necesaria. Con Planifica Madrid, no obstante, se evitaba ese embrollo. Huir hacia delante podría haber salido bien, siempre y cuando, claro, no hubiera un muro con el que darse de bruces.