Alberto González Amador no es un personaje público, pero su nombre ha pasado a formar parte de la actualidad política y judicial española. Su relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha convertido en un foco mediático, aunque no por voluntad propia. Lo que comenzó como una investigación por fraude fiscal ha derivado en un caso más complejo, con nuevos delitos en el punto de mira y la sombra de la corrupción planeando sobre sus negocios.
Se le investiga por dos nuevos delitos
Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid ha ampliado la investigación contra él, incluyendo dos nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. La decisión se basa en operaciones económicas sospechosas realizadas por González Amador, especialmente una transacción en la que su empresa adquirió por 500.000 euros una sociedad sin apenas actividad.
Ante esta ampliación, la defensa de González Amador ha solicitado que se expulse del procedimiento a las acusaciones populares representadas por el PSOE y Más Madrid. Argumentan que la participación de estos partidos podría estar motivada por intereses políticos, lo que afectaría la imparcialidad del proceso.
Además, los abogados del empresario han pedido la suspensión de la causa principal relacionada con el presunto fraude fiscal. En un giro de los hechos bastante sorprendente, la defensa de la pareja de Ayuso sostiene que, si se demuestra que los ingresos obtenidos por Alberto González Amador tienen un origen ilícito, no deberían ser objeto de tributación, lo que podría invalidar la acusación de fraude fiscal.
“La señora Ayuso está escondida”
“Cada vez hay más chanchullos que rodean a la señora Ayuso y yo la veo con la cabeza en otro sitio, con la cabeza en Génova y no en la Comunidad de Madrid. Le exijo que comparezca ante la Asamblea de Madrid y que explique cosas que sí que tienen que ver con su gestión”, ha subrayado, al respecto, este miércoles el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. “La señora Ayuso está escondida, no va a la Asamblea de Madrid. Ella que es tan favorable de los adjetivos grandilocuentes, eso sí que es propio de un parlamento norcoreano-bolivariano”, ha añadido.
Por su parte, Más Madrid también ha reaccionado a la petición de Alberto González Amador y ha registrado en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre "tratos de favor en contratación sanitaria" con la mirada puesta en la pareja de Ayuso. Concretamente el objeto de la misma es investigar la "eficacia y eficiencia" de los modelos de gestión sanitaria público-privada para valorar, entre otros, si hay "trato de favor a empresas" o las "posibles relaciones viciosas" entre la Administración Pública y los contratistas, ha adelantado 'Cadena Ser'.
"El señor Alberto González Amador no puede seguir escapando y le vamos a llevar al Congreso para que explique sus negocios con Quirón", ha lanzado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. "El novio de Ayuso va a ser la principal estrella de esta comisión porque es una de las personas que más sabe de los negocios turbios que florecen cuando se privatiza la gestión sanitaria y un gobierno autonómico”, ha rematado.
Pieza separada
El caso comenzó en marzo de 2024, cuando la Fiscalía denunció a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental, acusándolo de defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. Según la investigación, utilizó facturas falsas y empresas pantalla para reducir artificialmente su carga tributaria, cargando a su empresa Maxwell Cremona gastos personales como el alquiler de coches de lujo, reparaciones de un Porsche Panamera o la compra de un reloj Rolex.
En lo que respecta a la pieza separada, cabe recordar que la jueza acordó abrirla el pasado mes de octubre para investigar si González Amador había incurrido en la comisión de delitos fiscales de los instruidas en la causa principal al emplear una de las compañías para “ocultar ingresos”.
La acusación popular entiende que, detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber una "administración desleal", según apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción de los negocios. Dice que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse a la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman, o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió ya que, como resultado de esas actuaciones, la empresa de González Amador facturó a ambas empresas más de 2 millones de euros en 2020".