El PSOE ha activado los mecanismos de control en la Asamblea de Madrid ante la autorización del centro universitario del ICAM, un movimiento que considera opaco y carente de justificación académica. Su portavoz de Educación, Esteban Álvarez, denuncia en declaraciones a ElPlural.com que el Gobierno regional que lidera Isabel Díaz Ayuso “está utilizando la universidad como espacio para premiar a sus aliados políticos”, por lo que su grupo ha presentado una proposición no de ley y una batería de preguntas para exigir explicaciones en el pleno de próximo jueves 11 de diciembre.
Desde la bancada socialista sostienen que el procedimiento seguido por la Comunidad de Madrid no se ajusta al interés general, y que la decisión ha sido impulsada sin atender a criterios de planificación universitaria ni a las necesidades reales del sistema. Álvarez explica que el grupo ha formalizado su iniciativa parlamentaria con un objetivo claro: obligar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a detallar por qué consideró prioritario autorizar un centro adscrito promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en un momento en el que la universidad pública acumula reclamaciones de financiación, personal e infraestructuras.
El portavoz recalca que la iniciativa socialista no surge de una disputa anecdótica, sino de una preocupación creciente en torno al rumbo que está adoptando la educación superior madrileña. “Hemos presentado una proposición no de ley que pueda verse en el pleno del jueves 11 y varias preguntas al consejero (Emilio Viciana) para que den explicaciones. Lo que mantenemos es lo que Mar Espinar explicó brevemente en rueda de prensa”, afirma. Para Álvarez, el Gobierno regional ha mostrado un patrón sostenido de decisiones orientadas más a la agenda política de Ayuso que a la mejora de la calidad educativa.
El caso del ICAM, sostiene, es un ejemplo elocuente. “Lo que hemos denunciado es muy sencillo: la Comunidad de Madrid está utilizando la universidad como un espacio para premiar a sus aliados políticos, en lugar de fortalecer la educación pública”, insiste. En su interpretación, la autorización no responde a un análisis de demanda, ni a la búsqueda de nuevas áreas de excelencia académica, ni al fortalecimiento de la red pública; responde, dice, a “intereses corporativos” que coinciden con los apoyos políticos del Ejecutivo.
Madri+D, "chiringuito" de Ayuso, articuló la concesión de universidad al ICAM
La pieza técnica que sustenta esta autorización, el informe emitido por la Fundación Madrid+D el 25 de septiembre de 2025, ha sido también objeto de críticas en la Asamblea. El organismo, encargado de evaluar los proyectos universitarios previos a su autorización política, lleva años bajo sospecha por presunta falta de independencia. Informaciones previas han revelado que, en numerosos expedientes desde 2020, la dirección de la fundación habría suavizado objeciones de los expertos o incluso ignorado advertencias de los equipos evaluadores. Aunque Madrid+D defiende su profesionalidad, el historial de informes corregidos desde arriba ha alimentado la percepción de que la fundación actúa alineada con los intereses del Gobierno y no como un filtro académico imparcial.
El propio Álvarez apunta a esta trayectoria como un elemento determinante de la controversia actual. A su juicio, el Ejecutivo regional utiliza Madrid+D como una “pantalla técnica” para respaldar proyectos ya decididos políticamente. Los socialistas reclaman que se hagan públicos todos los documentos relevantes del expediente: los informes completos de los evaluadores, las observaciones no subsanadas y cualquier comunicación entre el Gobierno y el ICAM. Reclaman, además, que el consejero Viciana explique por qué un proyecto con observaciones pendientes ha recibido un impulso tan rápido mientras otros —incluidos los de la universidad pública— llevan años esperando mejoras o ampliaciones.
En paralelo, la oposición recuerda que la dirección de Madrid+D está formada por perfiles estrechamente vinculados al Partido Popular. El director, Federico Morán, fue número dos del ministro José Ignacio Wert, mientras que el gerente, Juan Soler-Espiauba, acumula una larga trayectoria institucional dentro del PP madrileño. Para Álvarez, esta composición no es un detalle anecdótico, sino parte del problema: contribuye a una pérdida de confianza generalizada entre la comunidad educativa y cuestiona la legitimidad de los informes emitidos.
Madrid no necesita más favores
Frente a este contexto, Ayuso ha respondido en los últimos días recurriendo a su habitual marco de confrontación política. El PSOE considera que esta estrategia busca desplazar la discusión hacia otros temas, ajenos al ámbito educativo, para evitar un debate sobre el modelo universitario que su gobierno está impulsando. Álvarez lo resume con contundencia: “Mientras Ayuso habla de ETA o de fantasmas políticos para distraer, la realidad es que se están tomando decisiones que afectan al futuro educativo de miles de madrileños sin transparencia, sin planificación y sin evaluación”.
Para el diputado socialista, lo ocurrido con el ICAM abre una reflexión más amplia sobre el tipo de universidad que Madrid quiere construir: una universidad pública robusta, con planificación y controles rigurosos, o un ecosistema dominado por centros privados y adscritos autorizados sin una evaluación exhaustiva. En ese sentido, el PSOE considera imprescindible detener esta deriva y reforzar la supervisión parlamentaria. Según Álvarez, la oposición seguirá reclamando transparencia “hasta el último documento”, y no descarta nuevas iniciativas si el Gobierno ignora las exigencias del Pleno. La conclusión del portavoz resume la posición socialista: “Madrid no necesita más favores. Necesita una universidad al servicio de la ciudadanía, no al servicio de unos pocos”.