La publicación del expediente sobre la compra del ático de Chamberí que la Comunidad de Madrid ocultó dejó más incógnitas, si cabe, sobre el escándalo que rodea a Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo ocurrió con la comparecencia, también el pasado jueves, del consejero señalado, Miguel Ángel García Martín, y con su paso este lunes por la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid. Una de las pocas dudas que se han despejado es quién ejecutó la operación de 6,3 millones de euros públicos, aunque todavía no se sepa quién se lo ordenó ni por qué se eligió ese lujoso ático y no otra propiedad.
El señalado, en este caso, es Pedro Corbalán. Su nombre aparece tachado en el expediente de 223 páginas hecho público hace unos días. Sin embargo, los documentos sobre la compra, que empiezan con el acuerdo de confidencialidad pedido a la inmobiliaria en febrero y culminan con la escritura de compraventa de abril, identifican a quién participó de parte de Planifica Madrid como “consejero delegado” de la agencia autonómica.
Ese cargo lo ocupa Corbalán, lo cual permite hacerse una idea de por qué el Partido Popular vetó su comparecencia ante la Asamblea que solicitó la oposición. El CEO de Planifica formalizó el acuerdo de confidencialidad, visitó el ático, y firmo el contrato de arras por el que la agencia pagó 630.000 euros de señal por él. Más Madrid y el PSOE, antes de conocer el expediente, ya habían pedido que respondiera este lunes ante la Comisión de Presidencia, que investiga la opaca operación.
El Gobierno de Ayuso argumentó que el encargado debía ser García Martín, que preside el Consejo de Administración de Planifica. Él ha sido, desde que todo se conoció en julio, el señalado por la presidenta autonómica como responsable de dar todas las explicaciones.
El jueves, mientras se conocía el expediente, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo admitió por primera vez en casi dos meses que el ático se iba a utilizar como “alojamiento ocasional para autoridades de visita o las propias autoridades de la Comunidad”, y no cómo oficina temporal de Ayuso. Este lunes, ya ante la comisión, aseguró que no hubo un “encargo” del Gobierno regional, y que el apartamento se iba a poner al servicio de “las necesidades de las consejerías”.
Denuncian la “omertá” del Gobierno de Ayuso
También defendió, en contra de lo que dice el artículo 1 de los estatutos sociales de Planifica Madrid, que el CEO tenía autonomía para decidir comprar el ático, por lo que la orden no tuvo que venir del Consejo de Gobierno. Desde la oposición lamentan la ausencia de Corbalán en la Asamblea, y recuerdan que ya “ha acudido en varias ocasiones” para “dar cuenta de la gestión patrimonial” de la agencia de la que es consejero delegado.
“No entendemos por qué Ayuso no permite que acuda a explicarnos una de las grandes incógnitas de la compra del ático ¿quién dio la orden de comprarlo?”, señala la diputada Tatiana Jiménez. La socialista tilda de “confusas” las explicaciones de García Martín, pone el foco sobre la ausencia en el expediente de los documentos anteriores al acuerdo de confidencialidad, y abre la posibilidad de que la orden fuera “verbal”.
“Da la sensación de que no quieren que el señor Corbalán comparezca en la Asamblea por si se le escapa la verdad, y nos confirma, después de tantas versiones, que le encargaron buscar una vivienda oficial para la presidenta, a ser posible en su barrio de toda la vida”, lamenta Jiménez. Más Madrid también critica la protección del Ejecutivo regional a Corbalán. “El gobierno de Ayuso tiene dos estrategias con quienes tienen información sobre sus fechorías”, apunta su diputado Hugo Martínez Abarca.
“Si colaboran con la justicia, si denuncian, si informan… los acosan, emprenden campañas de ataque y destrucción personal y no dudan en mentir y difundir falsedades para intimidarlos a ellos y a quien se atreva a hablar”, dice recordando el caso reciente del cirujano que denunció el maquillaje de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. “Pero a quienes callan los protegen, los blindan y aplican una omertá para que no puedan rendir responsabilidades”, continúa. El diputado de izquierdas cree que “en cuanto tengan miedo de que las responsabilidades judiciales puedan alcanzar a Ayuso”, su Gobierno usará a Corbalán par “encasquetarle toda la responsabilidad para que se coma él las consecuencias”.
¿Quién es Pedro Corbalán?
El encargado, según el expediente, de ejecutar la compra del ático, es un viejo conocido del PP madrileño. Pedro Corbalán acumula una trayectoria vinculada al ocultismo en entidades urbanísticas relacionadas con el partido. La mayor parte de su carrera la ha desarrollado entre Guadarrama y Las Rozas de Madrid, concretamente en las empresas de vivienda de los ayuntamientos de estos último municipios al noroeste de la capital. Corbalán fue despedido en 2016 de la entidad roceña que, según auditorías, ocultó información sobre adjudicaciones de suelo público.
Tras su paso por la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda en Las Rozas, tradicional feudo del PP madrileño, Corbalán acabó recalando en una empresa pública llamada Obras de Madrid, que había sucedido a otra que estaba en el centro del caso Púnica, Arpegio. La entidad se acabó convirtiendo en lo que hoy es Planifica Madrid, se reintegró en la Consejería de Presidencia, y ocultó la compra de un ático de lujo para que Ayuso lo utilice como oficina –sin licencia para ello- durante las obras en la Puerta del Sol, ya con Corbalán como CEO.
Pero ese no es su único lazo con la Púnica, la trama de corrupción que encabezó el que fuera número dos de Aguirre, Francisco Granados. Ingeniero de la Edificación y especializado en vivienda pública, Corbalán posee una empresa que no presenta cuentas desde hace años y no figura en su declaración de bienes.
La firma, afincada en Guadarrama –en la sierra madrileña-, recibió al menos 9.570 euros de una de las principales sociedades de la trama Púnica. Esta entidad, Dusa, pagó también otros 153.000 euros a la empresa del director de Estrategia de Planifica Madrid, Lorenzo Broncano.
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