Ocho familias que viven en trasteros serán desahuciadas para convertir las infraviviendas en Airbnb

Ocho familias serán víctimas, este martes a las 8:00 horas, de la especulación inmobiliaria más descarnada. Residentes en el barrio madrileño de Vallecas, sufrirán el segundo intento de desalojarles de los trasteros del número 16 de la calle Pico Cejo en los que malviven. Ratoneras convertidas en infraviviendas, por las que pagaban 300 euros al mes, y que ahora serán transformadas en alojamientos turísticos a costa de dejar a muchas personas en la calle.

Desde 2015, Susana, Marc, Fátima, Juan, Cruz, Francisco, Eddie, Fanny y sus respectivos seres queridos residen en unos trasteros plagados de humedades y sin cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad. Si la organización vecinal, comandada por PAH Vallekas, no lo evita, sus nombres engrosarán la lista de los sacrificados por la gentrificación. “Esperamos movilizar al barrio”, trasladan desde la plataforma a ElPlural.com, llamando a la asistencia frente a la puerta para frenar un nuevo capítulo del “proceso de expulsión” de las clases trabajadoras de sus barrios.

“Tanto la familia como la asamblea vamos a luchar porque se mantengan allí y parar el desahucio”, garantizan. No existe ninguna opción habitacional planteada para estas personas, a todas luces vulnerables y a quienes solo les quedan estas infraviviendas. “A pesar de que las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas, en este momento, es la única alternativa de estas familias para no quedarse en la calle”, exponen desde PAH Vallekas a este periódico.

“Las familias no tienen ninguna alternativa. Si mañana son desahuciadas estarán siendo condenadas a vivir en la calle”, insisten. El principal responsable, si esto sucede, será José Miguel Herrero Ramón, quien compró las infraviviendas, en 2022, a Antonio Samprimo Hernández, de Inversiones y negocios A&P 2013 SL, y se niega a mantener los alquileres. No obstante, acometer esta tropelía sería imposible sin la autorización de jueces, que hacen valer una legalidad construida contra los trabajadores, y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, brazo ejecutor de las órdenes.

El negocio inmobiliario se lucra con las vidas de las personas en situaciones más precarias

“El propietario adquirió las viviendas y se negó a negociar ningún nuevo contrato. Tampoco ha facilitado el pago del alquiler (nueva cuenta u otro método por el que depositar la renta). Su intención con la compra era convertir los trasteros en pisos turísticos y ya ha solicitado las licencias pertinentes”, exponen desde la PAH. “La propiedad en todo momento se ha negado a negociar, pero nosotros insistimos en negociar el pago del alquiler que tenían para permanecer en las viviendas”, reclaman únicamente.

Las ocho familias tienen ingresos precarios y los actuales precios de alquiler hacen imposible que puedan encontrar una alternativa en Vallecas. Lo que supone que su desalojo, a su vez, conlleve la expulsión del barrio, de sus redes de amistad y arraigo, de sus colegios y centros de salud. Este es el objetivo final que se encuentra detrás de la oleada de desahucios vivida desde hace años: limpiar los barrios de los trabajadores que les han dado vida durante décadas para seguir ampliando el parque temático.

Persecución de los trabajadores

El caso de estas ocho familias, denuncian desde PAH Vallekas, muestra cómo el lucro inmobiliario va buscando las oportunidades de negocio en cada etapa: “primero, la reconversión de trasteros para vivienda habitual (en este caso, infravivienda); ahora, la reconversión de esas casas-trastero en pequeños apartamentos turísticos”. “Beneficiados por los disparatados precios de alquiler, muchas empresas y particulares se han lanzado a la compra de viviendas para alquiler vacacional, lo que deja cada vez menos viviendas para los habitantes del distrito y la ciudad”, ahondan.

Puente de Vallecas es uno de los emplazamientos más golpeados en Madrid, pero está muy lejos de ser el único en la capital o el país.  El desahucio de Susana, Marc, Fátima, Juan, Cruz, Francisco, Eddie, Fanny y sus familias se enmarca en un proceso de gentrificación que parece haber encontrado su localización favorita en Madrid. “Las viviendas son partidas, nos expulsan de ellas y son puestas en alquiler turístico”, desgrana la plataforma. Y todo para beneficiar a unos pocos que se benefician de la inacción política.

“Los apartamentos turísticos y el negocio inmobiliario están destruyendo nuestras ciudades, rompiendo los vínculos sociales que son la base de ciudades vivibles, cohesionadas y fuertes, más importante si cabe en estos tiempos inciertos. El negocio inmobiliario se lucra con las vidas de las personas en situaciones más precarias que, además de acceder a trabajos peor pagados, deben dedicar una parte enorme de sus ingresos al alquiler de viviendas en cualquier condición”, relatan desde PAH Vallekas.

Mientras, las administraciones públicas siguen permitiendo desalojos. “Los desahucios nunca se han prohibido y el escudo social solo paró uno de cada cuatro. Las medidas tomadas por el Gobierno no ponen fin al negocio inmobiliario y, mientras haya posibilidades de lucro con las viviendas, los capitales seguirán invirtiendo, acaparando y especulando con ‘activos’ que son bienes de primera necesidad para la gente. Los apartamentos turísticos deben prohibirse porque necesitamos las casas para vivir”, afea la plataforma.

Este martes, ocho familias más serán víctimas de esta estructura. No estarán solas, allí estarán sus vecinos para intentar evitarlo. El Estado, representado por sus jueces y su policía, estará en frente, para disfrute de Ayuntamiento y Comunidad y mientras el Gobierno de coalición sigue asegurando que la crisis inmobiliaria es una prioridad. A la par, más desahucios se celebrarán a lo largo y ancho del país.