Esta semana se cumplía el peor presagio para los familiares de las víctimas de residencias de la Comunidad de Madrid; los hijos de quienes fallecieron durante los primeros meses de la pandemia del Covid con motivo de los bautizados como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de estas personas a hospitales pare recibir atención sanitaria.
Son ya seis años en busca de Justicia pero, en las últimas horas, sus aspiraciones más inmediatas se veían nuevamente truncadas después de que la Audiencia Provincial se negara a unificar todos los casos en una sola causa, obviando así una reclamación histórica de las asociaciones.
El ejemplo de la DANA
Quienes no cesan en la pelea han manifestado su descontento. De un lado, Marea de Residencias, que había presentado un recurso ante el auto anterior, tacha de “inconcebible” tanta “injusticia”.
Las familias agrupadas aquí mantienen que “la discriminación de produjo de forma masiva por un claro motivo atribuible a decisiones políticas” y ponen de manifiesto el caso de la DANA de Valencia que, tal y como se está llevando -esto es, de forma conjunta y no caso a caso- está permitiendo mayores avances judiciales.
A unos kilómetros de Madrid, expresa Marea de Residencias, “las circunstancias del fallecimiento de cada víctima también obedeció a causas diferentes, pero las responsabilidades de los altos cargos son las mismas”, y se preguntan “por qué aquí no”.
“Sí se hubieran dignado a leer el testimonio de cientos de familiares, verían claramente que, aunque cada fallecido lo hiciera en circunstancias diferentes, la causa que les llevó a la muerte, tras un enorme sufrimiento, fue la no derivación a hospitales, la ausencia de la prestación sanitaria a la que tenían derecho”, consolidan.
De otra parte, María Jesús Valero, presidenta de 7.291 Verdad y Justicia, reconoce a ElPlural.com su tristeza, pero también su cabreo. “Creo que nos están tratando fatal. A ellos los abandonaron y ahora nos abandonan a nosotros”, indica, lamentando que “están vulnerando un derecho”.
Desde los partidos políticos también se han pronunciado. La oposición madrileña muestra su rechazo a la decisión del estamento judicial, ya que, para ellos, lo que piden los familiares de los 7.291 fallecidos, los abogados y algún imputado como Francisco Javier Martínez Peromingo es “coherente”. “En Madrid, la Justicia nunca falla, es bastante llamativo”, dice el PSOE de Madrid (PSOE-M) con un toque de sorna tras del cual muestran la seriedad de la situación.
“Las familias de las personas mayores fallecidas en las residencias, cuya responsabilidad recae en la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han pasado ya mucho. Y una vez más, la Audiencia Provincial les desatiende”, señalan. Los socialistas madrileños mantienen que “seguirán apoyándolas y esperando que este largo camino de más de cinco años nos conduzca a la verdad, la justicia y la reparación”.
Jarro de agua fría
La medida adoptada por la Audiencia Provincial supone un jarro de agua fría para quienes llevan más de un lustro luchando a todos los niveles por encontrar explicaciones y que a quien corresponde haga justicia sobre los responsables de aquellos documentos, que privaron de un derecho básico a los residentes.
Después de 109 denuncias y con 80 juzgados implicados, para los familiares es volver de algún modo al punto de salida, si bien hay algunos implicados que ya han declarado y dejado titulares interesantes: el propio Peromingo o Carlos Mur, firmante de los protocolos, principalmente.
Actualmente, hay 24 causas abiertas que se reparten por diferentes juzgados a lo largo y ancho de la Comunidad. Así, hay intervenciones en Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Alcorcón, Collado Villalba, Getafe, Leganés, la ciudad de Madrid, Móstoles, Navalcarnero o Valdemoro.
A ojos de las víctimas esto supone más complicaciones para el desarrollo correcto de la investigación, aunque los hay también que piensan que es mejor en tanto en cuanto no se la juegan todo a una carta.
“Coinciden tres de los investigados, (pero) en otras causas otros”
El auto de define que “no existe una identidad subjetiva y objetiva en las diferentes causas”. “Si bien coinciden tres de los investigados, en otras causas figuran otros y los sujetos pasivos) los fallecidos) son diferentes con padecimientos propios”, defiende.
Asimismo, los magistrados añaden que a efectos prácticos tampoco conviene la acumulación dado que “el conocimiento de todas ellas en una misma causa lo que haría sería añadir complejidad y dilatar más el procedimiento”, además “impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”, ratificando así lo que la Audiencia Provincial sostuvo en su primera resolución.
