Ante el empeño del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida en instalar el mega cantón de limpieza en el corazón del distrito de Montecarmelo, rodeado de colegios y destruyendo una de las mayores zonas verdes de la ciudad, los vecinos llevan este miércoles al pleno de la Junta Municipal del Distrito las exigencias para que el consistorio paralice una obra “ilegal”, al contar con el varapalo de la Justicia, y un “peligro en un entorno escolar”.

De esta forma, tanto la Asociación Vecinal de Montecarmelo como la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, que representan a más de 20.000 madrileños, subrayan que esta obra ha comenzado cuando todavía no se ha resuelto el recurso del consistorio al juicio que perdió inicialmente. De la misma forma, los vecinos de Montecarmelo recuerdan que no se está respetando el plazo de consulta pública que el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, firmó en paralelo al recurso en forma de “decretazo” con el fin último de “asegurarse una segunda vía y construir este parque de maquinaria, con compactadoras de residuos, una unidad descontaminadora de amianto para los trabajadores y un centenar de camiones en el camino al colegios y junto a ellos, entre otros elementos potencialmente peligrosos para un entorno escolar y residencial”.

A razón de todo ello, y con la premisa “el Ayuntamiento no para; nosotros, tampoco”, los vecinos de Montecarmelo presentan la siguiente petición este miércoles en el pleno de la Junta del distrito. “Que el pleno de la Junta de Distrito, haciéndose eco del masivo rechazo de los vecinos de Montecarmelo, inste al área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a la paralización de las obras iniciadas en una zona escolar, afectando a más de 6.600 niños y adolescentes, para la construcción de un cantón/parque de maquinaria del servicio de limpieza urbana habiéndose arrasado ya con la flora y fauna de más de 11.000 m2 de terreno, donde se está ampliando la zona de obras que serían para el conocido anteproyecto del SELUR que ocuparía 4.200m2, y según el único proyecto de ejecución conocido de la instalación del cantón; el mismo ocuparía 5.760 m2, incluyendo el mismo actividades industriales tales como taller de reparaciones de maquinaria, gasolinera, compactadoras y valorización de residuos, por lo que debe ubicarse en una zona industrial, tal como tiene declarado que así ha de hacerse el concejal delegado de esa área de Gobierno, el sr. Carabante”.

De esta forma, será a las 17:00 horas de este miércoles cuando los vecinos se concentren ante la Junta Municipal del Distrito, donde a las 17:30 horas comenzará el pleno. En declaraciones a los medios, matizan que la pregunta formulada por los representantes vecinales es la séptima en el orden del día, pero los tres partidos de la oposición también llevan preguntas relativas al cantón.

En la manifestación del 1 de marzo volvieron a salir a la calle miles de personas en Montecarmelo, 8.000 según los cálculos de la Plataforma y la Asociación. Les acompañaron representantes de todos los partidos de la oposición, que también habían dado un espaldarazo a la causa tan solo unos días antes en el Parlamento Europeo, donde la comisión de peticiones se ha comprometido a investigar el proyecto por afectar a derechos fundamentales de la infancia y del medio ambiente.

El Parlamento Europeo investigará las obras

Todo ello llega después de que el pasado 26 de febrero se conociera que la Eurocámara investigará el mega cantón que Cibeles prevé construir al lado de viviendas y colegios.

El asunto, que lleva años generando polémica, ascendía definitivamente al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo y obtenía la aprobación de los parlamentarios europeos, que ahora tendrán que impulsar la tan perseguida investigación. Todo ello, después de que las familias elevaran a Bruselas una carpeta repleta de documentos que justifican sus exigencias: el proyecto en sí mismo del Consistorio, que declara de carácter industrial las instalaciones de esta suerte de vertedero de 10.000 metros cuadrados;  la sentencia del juez que declaró la nulidad del proyecto, precisamente por este motivo; o la demanda de los ciudadanos que ha sido aceptada por un tribunal en la que acusan al Ayuntamiento de atender una política de “tierra quemada”.

Asimismo, se incluía también una nota interna del consistorio firmada en 2018 en la que se reconoce que este tipo de instalaciones no puede estar en zonas residenciales, así como fotos de los niños jugando en este terreno, o el antes y después de la vegetación que se encuentra cercana.

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