Begoña Gómez respondía la semana ante el juez Juan Carlos Peinado tras ser citada junto a su asesora Cristina Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El magistrado retuerce hasta la saciedad el concepto de un delito muy grave para intentar inculpar a la mujer de Pedro Sánchez, y es que se basa en que la persona de confianza de Gómez fue contratada por La Moncloa y, en consecuencia, con dinero ciudadano; y que mientras operaba en este puesto escribió a directores de Reale para que la firma siguiera patrocinando la cátedra y otros másteres que Gómez impartía.
La tesis carece de sentido por varios motivos. El primero es que esta acción, defendieron en sede judicial las personas implicadas -que previamente habían recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del magistrado de solicitar los correos-, en ningún caso excederían las funciones del cargo de Álvarez, sino que respondía a un mero “favor”, mientras que el contenido de los mensajes no era otro que la petición de que Reale siguiera participando de los estudios.
Además, hay que tener en cuenta que el trabajo desarrollado por esta persona de confianza se limita al que realizaban sus antecesoras. Así, Gómez explicó en sede judicial que cuando Sánchez llega a la presidencia le informan de que tiene que designar a una persona, de su confianza para que la ayudara con distintas cuestiones que tienen que ver con su agenda o asuntos del equipo de seguridad.
Algunas de las labores provocaban que la asistenta de La Moncloa tuviera acceso a gran parte de su correo electrónico, ya que de lo contrario no podría haberlas desarrollado con normalidad. En estas, los mensajes quedan enmarcados dentro de un “favor” solicitado a la persona contratada que en ningún caso suponen una extralimitación de sus funciones.
En los últimos días, el Tribunal Supremo -concretamente el magistrado Ángel Hurtado- decidía abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien deberá sentarse en el banquillo, por la presunta filtración del correo del novio de Ayuso.
Encubre a González Amador y percibe casi 100.000 euros
Siguiendo la lógica del juez Peinado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también podría ser condenado por malversación de fondos, ya que el responsable de prensa de Ayuso percibe un salario bruto anual cercano a los 100.000 euros, dividido en 14 pagas -o lo que es lo mismo: 6.732,42 euros mensuales- que constantemente utiliza para encubrir a la presidenta madrileña o tratar de defender a la pareja de ésta, Alberto González Amador.
No pasa desapercibido que la persona comúnmente conocida como MAR ha filtrado información a los medios de comunicación para intentar confundir a la opinión pública y maniobrado para que el empresario quede exento de culpa.
En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo reconoció, por ejemplo, haber enviado a varios periódicos el contenido de un mail confidencial cruzado entre el abogado del compañero sentimental de la política, Carlos Neira, y González Amador.
“Ese es el texto que yo difundo -correspondiente a un correo del 12 de marzo de 2024- y había un email anterior -del 2 de febrero, en el que González Amador reconocía el fraude y ofrecía el pacto, que yo desconocía y que el señor Salto tampoco cita”, defendió.
El jefe de prensa de Ayuso fue llamado a declarar después de que la Fiscalía explicara al juez que él fue la primera persona que difundió comunicaciones confidenciales entre el letrado del novio de la lideresa regional y el fiscal Salto en la noche del 13 de marzo; sin embargo, según su versión, no se le facilitó a varios periodistas hasta que El Mundo lo publicó.
Para mas inri, el mencionado texto se encontraba manipulado para dar a entender que el pacto había llegado de la Fiscalía al novio de Ayuso y no viceversa, como había pasado de verdad.
Investigaciones totalmente distintas
En cuanto a los últimos hechos que conciernen al caso Begoña Gómez, la Fiscalía pidió a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos de la cuenta oficial de Presidencia de la Gómez desde julio de 2018, cuando se acuerda el nombramiento de su asesora, hasta el presente.
El juez Peinado, por su parte, ha exigido a la Complutense que en el plazo de diez días desde el momento de la emisión del la solicitud entregue todos los correos electrónicos en los que la asesora aparezca como remitente o destinataria. Esta nueva acción polémica es una más de las muchas que acumula el magistrado que investiga a Gómez.
De esta manera, hay que recordar que el juez ha ampliado el número de delitos investigados, así como los ámbitos y los sujetos implicados, alcanzando a altos cargos como el ministro de Presidencia Félix Bolaños o incurriendo en actuaciones como la investigación de las cuentas bancarias de la mujer de Sánchez.
Del otro lado se encuentra la investigación a González Amador, en cuya caso el propio implicado ha reconocido haber defraudado a la Hacienda Pública y cada información que sale a la luz no hace sino cercar más al empresario.
Los últimos ejemplos son los audios que este periódico ha publicado en las últimas horas y que corroboran, en palabras de los peritos, que el novio de la presidenta madrileña infló sus gastos con la compañía Maxwell Cremona a través de todo un entramado de facturas falsas en los ejercicios 2020 y 2021 con el objetivo de pagar menos impuestos.