La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal campo de batalla judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder en 2019, el Ejecutivo madrileño ha transformado la confrontación institucional en su bandera política. Lo que en otras comunidades puede derivar en desacuerdos o negociaciones, en Madrid desemboca directamente en los tribunales. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Comunidad presidida por Ayuso es la que más recursos tiene ahora mismo pendientes de sentencia contra el Estado en el Tribunal Constitucional: cinco, una cifra que no alcanza ninguna otra autonomía.
Pero los datos oficiales solo son la punta del iceberg. La ofensiva jurídica liderada por Ayuso se extiende más allá del Constitucional. En total, desde que la dirigente del PP tomó las riendas de la Comunidad, se han interpuesto una veintena de recursos judiciales contra decisiones del Gobierno central. Solo en lo que va de 2025, el Ejecutivo regional ha anunciado cinco nuevos recursos, uno al mes. Una cadencia que parece más una estrategia planificada que una reacción espontánea.
Este mayo, Ayuso anunció un nuevo recurso contra el real decreto que regula la acreditación de universidades. En abril, había hecho lo propio contra la Ley de Eficiencia de la Justicia. En marzo, recurrió el acuerdo alcanzado por el Gobierno central con Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados. En enero, denunció judicialmente la colocación de una placa para recordar las torturas franquistas en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional. Y a todo ello se sumó, este mismo mes, la intención de tumbar judicialmente el acuerdo estatal para la condonación de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas.
El patrón se repite. Desde el Gobierno madrileño se lanza el recurso, se denuncia supuestas invasiones competenciales o atentados contra la Constitución, y el aparato mediático afín se encarga de amplificar el relato de agravio. “A pesar de las zancadillas del Gobierno central, la Comunidad de Madrid es la región capital, que siempre está al servicio de los madrileños y del conjunto de los españoles”, llegó a declarar el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, en una de esas ocasiones. La retórica ya está consolidada: Ayuso como última defensora de la Constitución frente a un Gobierno al que acusan de saltarse las normas, traspasar líneas rojas e imponer una “agenda ideológica”.
Sin embargo, esa estrategia choca con la realidad del resto del país. En Moncloa presumen de haber reducido la conflictividad institucional desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Frente a los 238 recursos de inconstitucionalidad interpuestos entre 2011 y 2018 bajo los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, desde 2018 apenas se han planteado 88. Y salvo Madrid, ninguna otra comunidad autónoma suma más de dos recursos activos en el Constitucional.
En cambio, Ayuso mantiene abiertos tres recursos de inconstitucionalidad (contra la ley de vivienda, la ley de amnistía y el reparto de menores no acompañados), y dos más por invasión de competencias, en concreto sobre la formación de familias de acogida y por la inclusión de la sede del Gobierno madrileño como lugar de memoria democrática. Todo ello mientras el Estado tiene actualmente solo dos recursos activos contra decisiones adoptadas por la Comunidad de Madrid. Aun así, el Gobierno asegura que ha intentado llegar a acuerdos con el Ejecutivo regional para evitar el choque directo, pero, en la mayoría de los casos, ha chocado con la negativa rotunda de Ayuso.
Desde Más Madrid, la líder de la oposición, Manuela Bergerot, acusa a la presidenta de utilizar la vía judicial como herramienta de distracción. “Los madrileños están hartos de la estrategia impostada de Ayuso para tapar la nefasta gestión de su gobierno y los escándalos constantes que conocemos de su entorno, como el de su novio, confrontando con el Gobierno”, critica. A su juicio, “es el gobierno del resentimiento”, que se dedica a “confrontar comprometiendo los derechos de los demás, queriéndonos llevar siempre al pasado”.
En el PSOE comparten este diagnóstico. Fuentes socialistas en Madrid acusan a Ayuso de buscar el enfrentamiento por sistema. “Ayuso ataca cualquier movimiento que el Gobierno haga. Le da igual que las medidas beneficien a los ciudadanos, solo busca su beneficio propio”, afirman. Y recuerdan que ese pulso no solo se da en los tribunales, sino también en los gestos institucionales: no invitar al Gobierno central a actos como el 2 de mayo, no acudir a Moncloa cuando es convocada, o romper relaciones con la delegación del Gobierno. El delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, ha escrito en las redes sociales que "la confrontación [de Ayuso] es el único proyecto político".
Para los socialistas, esta estrategia responde a una necesidad política: tapar los problemas de gestión que arrastra el Ejecutivo de Ayuso. “Desde el grupo socialista no solo vemos el tinte ideológico y partidista desde el que realiza su papel institucional, sino también el interés que tiene en desviar la atención de la corrupción que le rodea, de la pésima gestión de servicios públicos como la sanidad o de la financiación de las universidades públicas”.
Desde que Ayuso accedió al cargo en 2019, la Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales decisiones estatales en múltiples materias. Aunque en algunos casos ha obtenido sentencias favorables, en otros la justicia ha dado la razón al Estado, como ocurrió con el recurso contra el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, avalado por el Tribunal Constitucional.
Durante la pandemia, la presidenta madrileña también emprendió un enfrentamiento abierto con el Gobierno. Recurrió los cierres perimetrales en puentes festivos, criticó las restricciones a la hostelería, y llegó a solicitar explicaciones judiciales sobre los criterios que impidieron el paso de fase de Madrid durante la desescalada.
En materia económica, la Comunidad ha impugnado decretos del Ejecutivo central sobre el reparto de fondos europeos, subvenciones COVID, el plan de ahorro energético y hasta la distribución de entregas a cuenta. Incluso recurrió una resolución que otorgaba nueve millones de euros a otras autonomías (como el País Vasco o la Comunidad Valenciana), en lo que consideraron un trato discriminatorio hacia Madrid.
En educación, además del reciente recurso contra el real decreto de universidades, Ayuso ya había llevado al Gobierno a los tribunales por la rebaja de los precios públicos universitarios, decidida por el Estado. Una lista de litigios que no encuentra comparación en ninguna otra autonomía.
Madrid se ha convertido en la zona cero de la guerra jurídica contra el Gobierno de España. Lo que en principio puede parecer una legítima defensa de competencias, en la práctica se ha transformado en una política de confrontación permanente. Una Comunidad Autónoma que actúa como partido de oposición paralelo, que judicializa cualquier decisión del Ejecutivo central y que convierte los tribunales en escenario de batalla ideológica. Todo ello mientras los problemas cotidianos de los madrileños -sanidad, vivienda, educación- siguen esperando respuesta.