Las asociaciones 7.291 Verdad y Justicia y Pladigmare, representantes de las familias de fallecidos en las residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, han pedido este domingo "que se investigue y se esclarezca la verdad" de lo ocurrido a causa de los protocolos "de la vergüenza" de Isabel Díaz Ayuso, que impidieron el traslado de las personas mayores de estos centros a los hospitales.
"Llevamos ya cinco años buscando justicia y reparación", ha señalado Carmen Ruiz Mesa, de Pladigmare, durante el homenaje a las personas fallecidas en las residencias de Madrid en la plaza Juan Goytisolo que busca, según ha compartido María Jesús Valero, de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia', "rendir homenaje a las 7.291 personas que murieron de una manera indigna y cruel por unos protocolos y una decisión política que les llevó directamente a esa muerte".
Según el balance ofrecido por la Delegación de Gobierno, al acto han asistido cerca de 700 personas y, en esta ocasión, ha contado con la participación de dos asociaciones de afectados de la DANA, por la que fallecieron 228 personas. "Queremos unirnos porque cualquiera que sepa las noticias, hay similitudes, como es negligencia por parte de los políticos de las dos comunidades autónomas y, sobre todo, que intentan ocultarnos la verdad, que no quieren esclarecer, que no dan rienda a la justicia y eso es lo que necesitamos. Que se vea, que se sepa, que se investigue y para adelante porque esto es el inicio", ha explicado María Jesús Valero.
Durante el homenaje, familiares, asociaciones y el director y productor del documental 7.291, Juanjo Castro, han procedido a leer un manifiesto en recuerdo de las personas fallecidas.
Más Madrid y PSOE, presentes en el homenaje
En la iniciativa también han estado presentes el secretario general del PSOE-M, Óscar López, quien ha trasladado su apoyo a los familiares y les ha trasladado que irán "hasta el final" y hasta que "haya memoria, reparación y justicia". "Dije que el Partido Socialista estaría hasta el final con ellos y eso es lo que vamos a hacer. Ahora mismo ya hay dos tribunales que han abierto causas judiciales en relación con la investigación de lo que pasó en las residencias, de los protocolos de la vergüenza. Vamos a llegar hasta el final. El gobierno de Ayuso va a ir para adelante", ha subrayado.
De igual modo, junto a él ha estado la responsable de Políticas Sociales en el Grupo Municipal Socialista, Ana Lima, quien ha solicitado dignidad para estas víctimas que "sufrieron una discriminación por edadismo, por discapacidad o dependencia".
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha aseverado que los familiares "merecen saber" por qué los fallecidos "no fueron derivados a los hospitales" y por qué "no tuvieron medicación para el dolor". "Merecen saber todo esto por ellos y por las personas mayores que viven a día de hoy en las residencias de mayores", ha señalado. "Queremos saber si los ideólogos de los protocolos de la vergüenza van a asumir sus responsabilidad o van a ceder a las presiones del entorno de Ayuso", ha añadido Bergerot.
En este sentido, se ha pronunciado también la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha agradecido el "tesón" de los familiares "por la verdad y por la justicia". "No vamos a parar, como hemos hecho en estos cinco años hasta que la verdad se abra camino y hasta que la justicia se imponga en Madrid", ha afirmado Maestre.
Exaltos cargos de Ayuso, citados a declarar
El tema de los fallecidos en las residencias ha cobrado notoriedad en las últimas semanas tras la citación como investigados en dos causas distintas de tres exaltos cargos del Gobierno regional, Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, y un exasesor, Antonio Burgueño, por la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19. Por su parte, Javier Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos". Así, Antonio Burgueño era asesor sanitario del Gobierno regional y participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional.
Más allá de la declaración como investigados de los tres exaltos cargos, el día 3 de junio está citado como testigo el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha sido muy crítico con los protocolos desde que dimitió en mayo de 2020.
