Huelgas de alquiler, movilización vecinal y presión institucional marcan el inicio de un nuevo conflicto por la vivienda en Madrid. El Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha una campaña para frenar la venta de 17.000 pisos en manos de fondos y forzar su incorporación al parque público, en lo que ya se perfila como una de las mayores batallas residenciales de los últimos años. La iniciativa, impulsada por residentes de decenas de bloques repartidos por la región, busca evitar que estos inmuebles vuelvan a cambiar de manos en una operación que, denuncian, consolidaría años de negocio privado con viviendas que en muchos casos tuvieron algún tipo de protección pública.
Según explica la organización, la campaña —bajo el lema Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre— afecta principalmente a pisos propiedad de grandes tenedoras vinculadas a capital inversor. Las familias aseguran haber soportado durante más de una década incrementos continuados de alquiler, cláusulas contractuales que consideran abusivas y un deterioro progresivo del mantenimiento de los edificios. Todo ello, sostienen, mientras las empresas propietarias obtenían beneficios millonarios en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado residencial madrileño.
El pulso institucional por 17.000 hogares
Uno de los episodios que el movimiento vecinal sitúa en el origen del conflicto es la venta, en 2013, de cerca de dos mil viviendas municipales a un fondo internacional por un precio medio que consideran muy inferior al valor real de mercado. Aquella operación, enmarcada en las políticas de enajenación de patrimonio público tras la crisis financiera, es recordada por los inquilinos como el punto de partida de un proceso de privatización que ahora intentan revertir. “Se vendieron casas que eran de todos y que hoy se utilizan para maximizar rentabilidad”, resumen desde el sindicato.
Tras la adquisición de estos inmuebles, las asociaciones de residentes denuncian que se produjeron subidas significativas de renta al renovar contratos, así como la imposición de gastos que, a su juicio, no deberían repercutir en los arrendatarios. También critican la falta de inversiones en conservación y accesibilidad. En este contexto, la posibilidad de una nueva venta masiva ha actuado como catalizador de la protesta y ha impulsado la coordinación entre comunidades que hasta ahora mantenían conflictos dispersos.
El objetivo central de la campaña es que las viviendas pasen a ser gestionadas por la empresa pública estatal creada para ampliar el parque asequible, de modo que se garantice estabilidad residencial a largo plazo y precios por debajo del mercado. Las organizaciones implicadas defienden que esta solución permitiría transformar un problema social en una oportunidad de política pública, reforzando la oferta de alquiler protegido en una de las regiones con mayor presión inmobiliaria del país.
Para sostener su estrategia, el movimiento inquilino apela a precedentes recientes que, en su opinión, demuestran que la movilización puede modificar operaciones inmobiliarias de gran escala. Entre ellos citan procesos en otras comunidades autónomas donde la presión social y la intervención institucional terminaron blindando promociones enteras como vivienda protegida. También recuerdan negociaciones colectivas que lograron frenar desahucios o introducir límites a las subidas de renta en grandes carteras residenciales.
Un conflicto que reabre el debate sobre la vivienda en España
En Madrid, la campaña combina distintas herramientas de presión. Además de la organización comunitaria en los edificios afectados, se han puesto en marcha acciones informativas, asesoramiento jurídico colectivo y llamamientos a las administraciones para que intervengan en la operación. Algunas comunidades mantienen huelgas parciales de alquiler como medida de protesta frente a determinadas cláusulas contractuales, una táctica que busca visibilizar el conflicto y forzar la apertura de negociaciones.
El debate trasciende, no obstante, el caso concreto de estas 17.000 viviendas y reabre la discusión sobre el modelo de vivienda en España. Expertos en políticas urbanas llevan años advirtiendo de la escasez de parque público en comparación con otros países europeos y del peso creciente de los grandes propietarios institucionales en el mercado del alquiler. En este escenario, cualquier operación que implique miles de pisos adquiere una dimensión estructural y política.
Desde el ámbito institucional, distintas administraciones observan el conflicto con cautela. La posible incorporación de estas viviendas al sistema público supondría un salto cuantitativo relevante, pero también requeriría recursos presupuestarios y acuerdos complejos con los actuales propietarios. Mientras tanto, los inquilinos reclaman voluntad política para priorizar el derecho a la vivienda frente a la rentabilidad financiera.
Las próximas semanas serán clave para medir la capacidad de la movilización. El sindicato confía en ampliar el apoyo social y situar la reivindicación en el centro de la agenda pública, mientras los residentes insisten en que su determinación es firme. “No es solo por nuestras casas, sino por el modelo de ciudad que queremos”, señalan portavoces vecinales.