El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, se niega a crear un registro de objetores de conciencia del aborto y evita con ello cumplir la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenaba el pasado lunes al Ejecutivo de la Puerta del Sol que iniciara los trámites para la elaboración de este sistema que la presidenta se empeña en tachar de “lista negra”.
La medida del Ministerio de Sanidad fue consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ahora la Justicia da la razón al departamento de Mónica García, que precisa que, si bien la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la región, sí que le impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación.
El pulso entre las partes por la interrupción voluntaria del embarazo llegó a los tribunales el pasado mes de enero, cuando el ministerio de Sanidad registró un recurso contencioso-administrativo contra la administración de la Puerta del Sol ante el TSJM por no crear el registro de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia para el aborto.
El Ministerio de Sanidad hizo un requerimiento oficial y Madrid fue la única que no cumplió con el mismo, pero es que además Ayuso convirtió este trámite administrativo en una batalla ideológica, de manera que la presidenta de la Comunidad de Madrid tachó de “lista negra” el mencionado registro y dijo que “nunca” lo crearía. De ahí surge la ya famosa frase de la lideresa regional, que llegó a decir aquello de “¡Váyanse a otro lado a abortar!”, unas palabras que se le han vuelto en contra y han sido mencionadas en manifestaciones feministas, también las del último 8 de marzo, para criticar la postura de Madrid.
Mete en un lío a Feijóo
La presidenta de la Comunidad ha ido más fuerte contra este derecho adquirido por las mujeres que el propio Alberto Núñez Feijóo, marcando así nuevamente el paso al partido y comprometiendo al responsable gallego. La posición del gallego, de hecho, no se puede decir que haya sido clara en este tiempo, pero sí que parece evidente que los ‘populares’ no querían entrar en este momento en este conflicto.
La postura del PP nacional en este caso parece la más lógica, ya no social, sino políticamente hablando, teniendo en cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo es un debate superado por la sociedad, incluso en la derecha, obviando las posiciones más ultraconservadoras o ultra religiosas.
En otro orden de cosas, el registro se corresponde con una herramienta que obliga la ley orgánica de 2023 y cuya puesta en marcha se encuentra articulada en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las consejerías de sanidad, incluida la madrileña. Las autonomías fueron creando esas listas y, en el mes de septiembre, el Ministerio ejecutó un informe para vigilar sus cumplimiento en todo el territorio nacional.
Hay que explicar que la normativa no estipula que los abortos se tengan que llevar a cabo en centros de gestión pública, pero no contar con la lista puede suponer un problema, sobre todo en supuestos en los que la actuación se deba al riesgo que corre la vida del feto o de la madre. En España, además, los servicios de ginecología de muchos servicios públicos son objetores no por título individual de los profesionales sanitarios, sino por el servicio; por sistema.
A pesar de la rebeldía en la que se ha situado Ayuso, García, en declaraciones a los medios, se ha felicitado por la resolución del tribunal: “Nos decía que nos teníamos que ir a abortar fuera. Bueno, pues resulta que no, que no nos vamos a ir a ninguna parte, que es ella la que va a tener que crear un registro de objetores como marca la ley. Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades, de las que Madrid era la única que se había negado. Y la única comunidad también donde el 99% de los abortos se siguen derivando a clínicas privadas”. Previamente, le acusó de enviar a las mujeres décadas atrás por su “fanatismo religioso”.
