La Comunidad de Madrid deniega la beca para comedor escolar, en calidad de violencia de género, a dos niñas cuya madre fue asesinada a manos de su expareja en Villaverde, en 2023.
Si las becas comedor llevan tiempo siendo polémicas, la última situación supone para muchos la gota que colma el vaso. En la última convocatoria de ayudas para el alumnado de centros públicas en esta materia, ninguna de las hijas de la mujer aparece como seleccionadas en la resolución definitiva que da a conocer la Consejería de Educación, cuyo plazo de alegaciones finalizaba el pasado 6 de abril.
1.342 euros, según la familia
La familia ha presentado recurso y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encuentra analizándolo, según explica la propia Consejería de Educación, si bien el departamento de Mercedes Zarzalejo asegura que “ha realizado correctamente todas las gestiones” que tienen que ver con esta solicitud. Con todo, la administración Sol indica que si el recurso se estima, la subvención se concederá con efecto retroactivo y cubrirá desde el comienza del presente curso.
Según la familia, el montante que debe la región capital en concepto de beca comedor para las niñas es de 1.342 euros en total; 671 para cada una por 122 días lectivos.
Situación muy vulnerable: sin ayudas y amenaza de desahucio
La situación de la familia es especialmente vulnerable, y es que tanto la abuela de las chicas como las hijas de la mujer asesinada, de 36 años, fueron desahuciadas del domicilio en el barrio madrileño.
La madre de la víctima, que vivía a escasas calles de donde mataron a su hija, tenía una deuda hipotecaria después de que la sociedad Ciclevile SL, que se dedica a la promoción inmobiliaria, adquiriera un descubierto que la fallecida había contraído con el banco antes de morir. Con el paso del tiempo, la firma reclamó la propiedad del piso después de una pugna por su titularidad que había empezado años antes, en 2018, cuando la compañía solicitó a Victoria que abandonara el inmueble.
La hermana mayor -las hermanas se habían mudado juntas- ya se hizo eco en su momento de los problemas que tenía no solo para encontrar alternativa habitacional ante la amenaza de desahucio inminente. Con la situación y los problemas de ansiedad que le acarreaban, se había mudado a casa de sus suegros.
A la preocupación por conseguir una alternativa habitacional, se le sumó las dificultades para adquirir la condición oficial de víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, indicó en du momento que ofrece recursos municipales a víctima de desahucios “con independencia” de que exista un vínculo con algún caso de violencia, pero la familia de Miguela aseguró que solo les dieron opciones en centros de servicios sociales.
Todavía no han podido volver a reunirse. La mayor de las hermanas sigue viviendo en casa de los padres de su novio, tiempo en el que solicitaron las ayudas autonómicas para las menores en concepto de becas comedor.
Un suceso con mucha repercusión
Explican que cuando mandaron la solicitud marcaron la casilla que permitía a la administración consultar su perfil, así como la documentación asociada, pero que en la lista que ha publicado recientemente la Consejería de Educación no aparecen sus nombres.
Un par de semanas antes de pedir la ayuda obtuvieron un certificada que las habilitaba como víctimas de violencia de género, aunque lamentan que la justicia es lenta. El suceso de violencia machista tuvo tal repercusión que se llegó a crear un comité de crisis para coordinar instituciones en casos de violencia de género que llevó el nombre de la mujer asesinada, Miguela Novas Noboa.
