El escándalo del ático de Chamberí parece lejos de cerrarse para Isabel Díaz Ayuso, y en parte es por culpa de que su Gobierno, casi tres meses después, sigue sin responder las preguntas fundamentales. La oposición ha tratado de plantearlas en la Asamblea de Madrid hasta en 100 ocasiones, y en todas ellas han recibido la misma contestación del Ejecutivo regional: todo se respondió en la comparecencia del consejero señalado por la presidenta, el titular de Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.
Pero lejos de cerrar la polémica por la compra del ático de lujo por 6,3 millones de euros públicos y la ocultación de esta durante meses, hasta que se destapó por la prensa; el presidente de Planifica Madrid dejó más dudas que certezas cuando respondió ante la Cámara de Vallecas, en septiembre.
Ni siquiera la publicación, ese mismo día, de un expediente de más de 200 páginas sirvió para apagar el fuego que consume a Ayuso desde el verano, que la ha puesto en su situación más vulnerable desde que preside la Comunidad de Madrid. La documentación sobre la compra reveló que, en febrero de este año, la agencia pública ya hacía gestiones para adquirir ese ático en el Paseo del General Martínez Campos, pero no detalló cómo se ordenó desde el Consejo de Gobierno antes de eso.
También permitió responder a una única pregunta: la operación la ejecutó el “consejero delegado” de Planifica Madrid, según todos los documentos en los que estampó su firma. Este es Pedro Corbalán, en quien el Ejecutivo de Ayuso descarga toda la responsabilidad, a falta de que hagan el ejercicio de transparencia exigible a una compra de esa magnitud y den todos los detalles que aún quedan por saber.
Los cambios de versión de Ayuso y su Gobierno
Por ejemplo, por qué Ayuso mintió durante semanas cuando decía que no conocía la operación, y que era cosa de García Martín. En septiembre, la presidenta se supo que, lejos de que la compra del ático en frente de la casa de su madre fuera una maniobra de Presidencia, ella visitó en persona el inmueble. La baronesa del Partido Popular admitió que sí, que lo conocía, y que además le “pareció bien” cuando se lo comentaron.
La versión sobre el uso que se le quería dar al ático también fue cambiando. Cuando El País lo destapó, en julio, se hablaba de “oficina temporal” para Ayuso mientras durasen unas obras en la Real Casa de Correos que ni se habían planificado cuando se compró el piso ni han comenzado tres meses después. Esto lo confirmó el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, a El Plural ese mismo día: “Estará mientras haya obra: en algún lugar tendrá que recibir visitas”, dijo.
Sin embargo, García Martín dijo en la Asamblea que el ático se destinaría a “las necesidades de las consejerías”, y el expediente publicado ese mismo día detallaba cómo cuando la Comunidad de Madrid se lo iba a alquilar a sí misma, pagándose a Planifica 3.000 euros al mes, se contemplaba en todo momento que el ático fuera un espacio de trabajo con cama donde poder alojar a autoridades de dentro y fuera de la región.
Las 100 preguntas sin respuesta de PSOE, Más Madrid y Vox
Pese a que esto se contradice con lo inicial, porque el ático se compró para un uso genérico, y no para las obras que ni se habían planeado cuando se realizó la operación, Ayuso siguió negándolo todo. “A mí qué me importa, esa no es mi gestión”, respondió a la prensa poco después la presidenta, que atajó el por qué había ido en persona al ático con un: “por verlo”.
No es de extrañar, por tanto, que la oposición siga registrando preguntas a través de sus grupos de la Asamblea. PSOE y Más Madrid, pero también Vox, han recibido la misma respuesta siempre. El consejero cree que los partidos “están buscando un fantasma”, lo cual explicaría la fórmula con la que el Ejecutivo les responde: “De acuerdo a la iniciativa de referencia, se informa de que se ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid toda la documentación relativa al expediente de adquisición del inmueble, además de haberse publicado en los portales de transparencia de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A. y de la Comunidad de Madrid”, recoge este viernes El País.
Solo hay unas pocas veces en las que se han añadido puntualizaciones a esa patada hacia adelante. En algunas respuestas, el Gobierno de Ayuso argumenta que, pese a que la normativa municipal impide usar una novena planta como oficina, un tercio del inmueble sí que se podría destinar a ese uso. En otras, se remiten a lo que dijo García Martín.
Pero a la oposición esto no le vale, y piden acceder, por ejemplo, al estudio “de necesidades funcionales, superficies mínimas, ubicación, accesibilidad, seguridad y distribución” que se debió hacer antes de la compra, el cual no se incluyó en el expediente. Es lo que pidió la diputada socialista Isabel Cadórniga, que requirió también la memoria “relativa a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la adquisición” de la compra, quién comprobó y validó el precio de la tasación, qué otros pisos se barajaron, o quién y cuándo se inició el expediente de adquisición. El quién es la única pregunta que responden: fue Corbalán.
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