Marea de Residencias ha convocado, este lunes 26 de mayo, una concentración desde las 11:00 frente a los juzgados de Plaza Castilla, momento y lugar que coincidirá con la declaración como investigados ante el Juzgado Nº 3 de los dos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que redactaron los "protocolos de la vergüenza" que impidieron la derivación a hospitales de miles de personas mayores en residencias de Madrid, que acabaron falleciendo allí durante la pandemia como consecuencia de aquellos triajes discriminatorios, y del encargado de elaborar el "Plan de Choque" anunciado por la Comunidad de Madrid.
"La convocatoria se hace extensiva a toda la ciudadanía solidaria para defender la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y sus familiares. En el transcurso de la misma, diferentes portavoces de Marea darán declaraciones a los medios de comunicación allí presentes", exponen desde la organización. Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo se sentarán ante la Justicia por primera vez tras lo ocurrido en aquella oscura etapa.
Las plataformas Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia impusieron una denuncia colectiva firmada por 109 familiares, siendo este documento uno de los resortes que ha impulsado la imputación de estas dos personas. En este sentido, ambas asociaciones han celebrado que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones jurídicas nunca se habían dirigido contra ellos.
"Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad", han valorado.
En cualquier caso, las entidades esperan que esta decisión sea solo el principio en tanto en cuanto "la responsabilidad jurídica no se detiene en Mur y Peromingo". "Por eso, aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad, les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad -Enrique Ruiz Escudero- y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes", han defendido.
Las plataformas pidieron expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en el año 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial. Por otro lado, las líneas indican que "los hechos tanto de la querella primera conocida por el Juzgado a que nos dirigimos como los denunciados en la segunda denuncia, en su relato, muestran muchos puntos de similitud, pero la instrucción llevada en el Juzgado no entró a valorar este tipo delictivo que ahora se denuncia". "El derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima en su modalidad de una investigación eficaz en relación a personas vulnerables exige dar respuesta a todos los delitos que puedan concurrir de edificio", han emplazado.
De este modo, Marea de Residencias ha recordado que los denunciantes han presentado recursos por el archivo. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del mencionado artículo del Código Penal.